El Gobierno llama ‘armonización fiscal’ a la ‘recentralización’ que busca tras la ofensiva del PP

La ofensiva de las comunidades del PP en materia fiscal ha dejado fuera de juego al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez, partidario de subir más los impuestos que de bajarlos. Por eso, intenta también controlar toda la fiscalidad nacional, que en muchos casos es competencia de las autonomías, como reconoce la Constitución. Sin embargo, no puede hablar de ‘recentralización’, que es lo que realmente pretende, pero ese término enfada a sus socios los separatistas de ERC, los proetarras de EH Bildu y los nacionalistas con pretensiones del PNV y pone en peligro la presidencia de Sánchez. Por ello, que mejor que usar con nuevo término: armonización.

El Gobierno intentará que la reforma del sistema de financiación autonómica incluya una armonización de gravámenes entre las comunidades para evitar la competencia a la baja, y niega que eso suponga una recentralización.

«No salió de mi boca la palabra recentralización», ha subrayado este miércoles el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, tras la cascada de reacciones a sus declaraciones del día anterior, cuando explicó que le gusta el modelo «australiano», en el que el Gobierno central determina el volumen de gasto por habitante necesario para prestar los servicios y luego se transfieren los recursos a las regiones.

Escrivá, en cualquier caso, ha dejado claro a los periodistas, en los pasillos del Congreso, que «la ministra de Hacienda es la que tiene que marcar la política en este ámbito» en el Gobierno.

Y así lo ha hecho de nuevo ella, María Jesús Montero, quien también en declaraciones a la prensa en el Congreso ha indicado que el Gobierno «explora» una mayor aportación de las «grandes fortunas» a la recaudación y quiere «armonizar» algunos impuestos autonómicos para evitar la «competencia fiscal a la baja» entre comunidades. Quizás, el tema fiscal en manos de las autonomías es el que decide el voto de muchos ciudadanos en las elecciones de su comunidad y los dos bandos están muy diferenciados: por una parte, la izquierda y extrema izquierda, partidaria de vaciar los bolsillos a los ciudadanos para «redistribuir», según ellos, «la riqueza», algo así como lo que sucede en los paraísos comunista y socialista de Cuba y Venezuela, donde solo viven bien sus dirigentes. Por la otra, los que consideran que el dinero donde mejor está y donde más riqueza produce es en el bolsillo de los ciudadanos.

Pero la Hacienda de la andaluza María Jesús Montero, que se negó durante años a rebajar el impuesto de sucesiones que tanta ruina causó a miles de familias andaluzas, algunas de ellas perdiendo todo por lo que durante años habían luchado y pagado impuestos sus padres, podría estudiar en el marco del debate de la financiación autonómica que se estableciera una horquilla en la bonificación del impuesto de patrimonio, porque ahora puede alcanzar el 100%, como ha anunciado el presidente andaluz, Juan Moreno, siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid.

Montero ha enmarcado esa armonización de determinados impuestos en la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y no al margen.

Y así lo ha recalcado también en rueda de prensa en Madrid el secretario de política municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha matizado que, por tanto, será una asignatura pendiente para «la próxima legislatura».

De Celis ha salido al paso así de la urgencia en la armonización que reclama Unidas Podemos, que prefiere llevarla a cabo fuera del debate de financiación autonómica.

Su portavoz, Pablo Echenique, cree que se puede establecer un mínimo estatal para el impuesto de patrimonio de forma previa a la reforma de la financiación, al igual que se han creado o modificado otros impuestos en lo que va de legislatura.

El dirigente de Podemos ha recordado que ya existe un mínimo estatal para el impuesto de la renta de las personas físicas, aunque las comunidades puedan regular sobre su tramo autonómico, e insta a un mínimo estatal similar para el de patrimonio.

Por su parte, el PP ha hecho este miércoles bandera de las bajadas de impuestos, como la propuesta por Moreno, frente a un PSOE que tilda de «podemizado» y a contracorriente de la socialdemocracia europea.

«El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos», ha reivindicado su coordinador general, Elías Bendodo, en el Senado, mientras que Moreno, desde Sevilla, dos días después de su anuncio de bonificar por completo el impuesto de patrimonio para virtualmente suprimirlo, ha advertido al Gobierno central ante «la tentación de injerir en la autonomía fiscal» andaluza.

Moreno ha dicho que si el Gobierno hace «cualquier maniobra» para restar capacidades o que se suban impuestos, tendrá «una contundente respuesta judicial».

Desde Badajoz, el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, ha considerado cerrado el debate de la recentralización después de que Escrivá, a su juicio, haya sido desautorizado por sus compañeros de gabinete.

Varios ministros han indicado que no quieren una recentralización, aunque sí armonizar algunos impuestos, en la línea de lo expuesto por Montero, pero en especial han cargado contra la propuesta andaluza.

Un «regalo fiscal» a 13.000 personas en Andalucía por 93 millones de euros, ha considerado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que «el PP defiende a los que defiende», mientras el titular de Cultura, Miquel Iceta, cree que Moreno busca o provoca «enfrentamientos» con otras comunidades.

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha arremetido contra la supresión del gravamen en Andalucía solo para quienes tengan al menos 700.000 euros ahorrados, lo cual además forma parte de una «dinámica nefasta» de competición fiscal entre comunidades, que «fractura» España, «por mucha bandera que enarbolen».

De hecho, el conseller catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha acusado a Moreno de querer «debilitar» a Cataluña: «Por cosas como éstas, algunos queremos irnos de España lo antes posible».»Si en Cataluña estuviésemos en condiciones de suprimir el impuesto de patrimonio no haríamos de esto una bandera para invitar a nadie a llevarse las empresas», ha agregado.

Y el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha dicho que en su comunidad se hará la supresión del impuesto de patrimonio cuando «se pueda».

En cambio, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerado que los impuestos no pueden ser «permanentemente un mercadeo».

Puig acepta una armonización fiscal, sin recentralizaciones, y como ejemplo pone que también en Europa se esté abogando por armonizar impuestos en la Unión, así como el G20 quiere también «algún suelo en algún impuesto», por lo que ese debate está presente no solo en el ámbito español.