El Gobierno no cumple con su compromiso y la ley de vivienda se retrasa a febrero
Ada Colau, Yolanda Díaz e Ione Belarra tendrán que retrasar las celebraciones por la nueva ley de vivienda hasta febrero, porque ni siquiera en esta ocasión el Gobierno ha sido capaz de cumplir con el compromiso de aprobarla antes de fin de año.

El Gobierno no cumple con su compromiso y la ley de vivienda se retrasa a febrero

27 diciembre, 2021
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Actualizado: 27 diciembre, 2021 17:17
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El Gobierno no enviará al Congreso la ley de vivienda antes de que termine 2021 -como habían acordado los socios de coalición y había anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez- y no podrá hacerlo al menos hasta febrero, a falta del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes cercanas a Unidas Podemos culpan del retraso al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) por no haber enviado antes la solicitud de informe al CGPJ, mientras que el departamento que dirige Raquel Sánchez defiende que la envió «en tiempo y forma» y que el contratiempo se debe a una cuestión de plazos administrativos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que terminase el año.

La propia ministra Raquel Sánchez se comprometió a hacerlo «en la segunda quincena de diciembre», durante su comparecencia parlamentaria del pasado 25 de noviembre.

Sin embargo, dado que el texto modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preceptivo un informe del CGPJ, pero el Mitma no lo pidió hasta principios de diciembre.

Según fuentes de este órgano, no ha dado tiempo material a elaborarlo y remitirlo al pleno que celebró el 20 de diciembre, por lo que la siguiente oportunidad será ya el 27 de enero, cuando está fijada su primera sesión plenaria de 2022, lo que retrasa la aprobación en segunda lectura en el Consejo de Ministros y su envío al Congreso al menos hasta febrero.

«Es materialmente imposible que se haga un informe riguroso en tan poco tiempo. Hay que estudiar la ley, elaborar el informe y luego llevarlo a pleno», subrayan desde el CGPJ.

El texto, que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las personas jurídicas propietarias de más de diez viviendas, fue negociado durante un año por los socios de gobierno y ha sido uno de los principales focos de tensión política entre ellos en lo que va de legislatura. EFE

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