El Gobierno reparte los 16.000 millones del fondo COVID entre las CCAA sin estar aprobado por Bruselas

El reparto del fondo autonómico no reembolsable de 16.000 millones de euros que ha aprobado el Gobierno beneficiarán especialmente a las comunidades autónomas (CCAA) más afectadas por el COVID-19 y permitirá a las que tienen superávit en ejercicios anteriores gastar esos remanentes presupuestarios. El único problema es que ese dinero no está disponible ni aprobado por Bruselas ni será fácil que salga adelante y mucho menos antes de final de julio.
Según el Ejecutivo, se trata de la «mayor transferencia que jamás» se ha hecho a las CCAA y demuestra el compromiso del Gobierno de garantizar que todos los ciudadanos son iguales, independientemente de donde vivan.

Además, al tratarse de un fondo no reembolsable, las autonomías no tendrán que devolver el dinero al Estado, y esta transferencia no repercutirá en su deuda ni en la generación de intereses.

Los principales criterios para la distribución del fondo serán el número de hospitalizaciones, el número de ucis, el número de pruebas PCR y la población protegida equivalente a efectos del gasto sanitario.

De esos 16.000 millones de euros, 9.000 millones se destinarán a sufragar gastos en sanidad, 2.000 serán para educación y los 5.000 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios y en el transporte.

Los primeros 6.000 millones para sanidad comenzarán a repartirse este próximo mes de julio, y los otros 3.000 millones en noviembre.

El 35 por ciento de esos primeros 6.000 millones se distribuirán según la población protegida equivalente; el 30 por ciento en función de los ingresos en UCI, el 25 por ciento por el número de hospitalizaciones y el 10 por ciento restante según el número de pruebas PCR realizadas por cada una de las comunidades.

Para el reparto de los 3.000 millones de noviembre, los criterios serán: el 45 por ciento según la población protegida equivalente; los ingresos en UCI el 25 por ciento; el 20 por ciento según hospitalizaciones; y el 10 por ciento según pruebas PCR.

De la segunda partida de 5.000 millones de euros, 800 irán para paliar la pérdida de ingresos en el transporte y 4.200 millones para mitigar la caída de ingresos tributarios.

En concreto, el 60 por ciento de la partida de 4.200 millones será para paliar la pérdida de ingresos por los impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados y por los tributos de matriculación, así como los impuestos sobre el juego, salvo las apuestas «online».

El 40 por ciento restante se repartirá según criterios de población.

El dinero puede que no llegue

Para que todo esto sea posible, España espera un «acuerdo político» sobre el plan europeo de recuperación económica tras el coronavirus a finales de julio, tras una negociación que se augura «muy difícil» con los países autodenominados frugales y que comenzará este viernes en el Consejo Europeo.

Ese acuerdo es «esencial» para que la Comisión Europea pueda ponerse a trabajar en la puesta a punto de los distintos reglamentos, ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia de este martes ante la Comisión Mixta para la UE, en la que ha avanzado los puntos de la agenda del Consejo, que se celebrará por videoconferencia.

Habrá una «primera toma de contacto» sobre la propuesta que ha presentado la Comisión Europea para crear un fondo de 750.000 millones de euros, de los 500.000 serían transferencias y 250.000 préstamos, de acuerdo con el secretario de Estado, quien ha aventurado que no se esperan «progresos sustanciales».

La negociación será complicada, y los distintos Estados miembros defenderán sus intereses con «firmeza», a juicio de González-Barba, quien ha dicho que espera que este momento histórico también se afronte con altura de miras.

Aunque son firmes las posiciones sobre el mecanismo de apoyo que Bruselas ha vinculado al marco financiero plurianual 2021-2027, «también hay señales que pueden llevarnos a asumir un cauto optimismo», ha puntualizado.

Sobre la mesa hay una propuesta que hace tres meses sería impensable, según el secretario de Estado, quien ha destacado en que «es mucho más fácil remar a favor de una propuesta favorable de la Comisión Europea que en contra de ella».

No obstante, «queda una negociación muy difícil» con los países que se han autodenominado frugales, (los contribuyentes netos, menos Alemania), que, ha añadido, son los que ahora tienen que justificar su posición ante la opinión publica europea y la de sus propias naciones.

Las diferencias se centran en el propio montante del fondo propuesto por el Ejecutivo comunitario, en el volumen de transferencias con respecto a préstamos del mismo, y en los criterios para su distribución.

En respuesta a la preguntas de los representantes de varios grupos sobre la condicionalidad de esos fondos, el secretario de Estado ha explicado que España está a favor de una condicionalidad entendida en términos reformistas, es decir, que el dinero que llegue de Bruselas sirva para reactivar la economía y llevar a cabo reformas que coinciden con la propia agenda de reformas de la UE.

Esos fondos, ha añadido, también van a ser canalizados por las comunidades autónomas en función de mecanismos que tendrán que ser negociados en el marco de las distintas conferencias sectoriales y de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue).

Los próximos Consejos Europeos serán decisivos, a juicio del secretario de Estado, quien ha apuntado que se está preparando una nueva reunión de líderes comunitarios, ya presencial, para probablemente el 9 y 10 de julio, aunque la fecha no está cerrada.

González-Barba ha subrayado además que el Gobierno defenderá que el hecho de que España sea uno de los países más beneficiados del fondo de recuperación, por haber sido uno de los más afectados por la pandemia, no se considere «en ningún caso» una compensación por reducir los fondos de cohesión.

De hecho, en relación con el marco financiero plurianual, que también se tiene que negociar aún, España velará por una dotación adecuada de la política de cohesión.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo español estará muy atento para garantizar una remuneración suficiente para los agricultores en el marco de la PAC (Política Agrícola Común)

Al margen de las cuestiones económicas, en la reunión del viernes está previsto que el Consejo apoye el mandato de Michel Barnier como negociador jefe de la UE, en las conversaciones con el Reino Unido sobre el «brexit».