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Francisco González y Carlos Torres, expresidente Ejecutivo y presidente Ejecutivo del BBVA. / EFE

El informe ‘forensic’, encargado a la carta por el BBVA, descarta actividad delictiva del propio banco en el caso FG-Villarejo

BBVA ha asegurado que el informe resultante de la investigación “forensic”, que aún esta en marcha, encargado por el propio banco a PwC y que en varias ocasiones ha sido solicitado por el juez que lleva el caso Villarejo-Francisco González con escaso éxito, “demuestra que ninguno de los actuales miembros del Consejo de Administración, ni el presidente ejecutivo, Carlos Torres Vila, tienen implicación alguna en el llamado “caso Villarejo”.

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Ni el juez ni la fiscalía opinan lo mismo. En el informe de Gobierno Corporativo remitido este miércoles al supervisor español del mercado, la CNMV, BBVA explica que este asunto se ha reportado de forma recurrente desde enero de 2019 a los órganos sociales de la entidad, como parte de las diligencias previas para investigar la prestación de servicios por parte de Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la empresa del ahora excomisario Villarejo, al BBVA, que pagó más de 10 millones de euros para violar derechos fundamentales de las personas, según el juez del caso.

De esta forma, las comisiones del Consejo de Administración a las que se atribuyen competencias sobre estas materias (la de Auditoría y la de Riesgos y Cumplimiento) y el propio Consejo en pleno, han “impulsado y supervisado” los procesos de investigación interna, en el marco de una cooperación “plena” con la Justicia y con una política de transparencia.

Además de lo anterior, continúa el informe, los órganos de administración del banco han adoptado a lo largo del ejercicio 2019 distintas medidas de refuerzo de los sistemas de control interno como el establecimiento de una dependencia jerárquica directa de los responsables de control interno y auditoría interna del Consejo de Administración.

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También se han aprobado nuevas políticas y se han mejorado los procesos de subcontratación, compras y otros, al tiempo que se ha reforzado el modelo de prevención del delito.

La entidad insiste en que de la documentación relevante obtenida de la investigación “forensic”, todavía en curso, que se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y son la base del sumario instruido, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del Consejo ni del actual presidente ejecutivo ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del Banco.

En este sentido, en su declaración ante el juez y los fiscales por petición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el banco defendió la inexistencia de responsabilidad penal alguna, explica el informe, que añade que, en cualquier caso, “la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010”.

Asimismo, cabe indicar que, hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración.

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El presidente del BBVA, Carlos Torres, ya se defendió con firmeza el pasado 31 de enero en la presentación de los resultados de 2019 y dijo que “no hay ninguna posibilidad” de que él tenga algo que ver con el caso, un escándalo que, en su opinión, no ha tenido impacto ni en el negocio ni en la reputación del banco, que, incluso, ha elevado los clientes cuando más visibilidad tenía en prensa este asunto.

“Cuanto antes se esclarezcan los hechos, mejor”, dijo Torres.