El juez a instancias de Ángel Ron pide la documentación sobre el asesoramiento de Linklaters y Albella al Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha requerido documentación sobre el asesoramiento que el despacho Linklaters y su socio responsable, el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ofrecieron al Banco Popular en la ampliación de 2016.

El titular del juzgado central de Instrucción número 4 atiende además otra petición del expresidente de la entidad, Ángel Ron, y cita como testigo para el próximo 22 de octubre al exdirector de comunicación del Popular Carlos Balado, que desempeñó su labor tanto durante su mandato como en el de su sucesor, Emilio Saracho.

Respecto al asesoramiento de la ampliación de capital, el juez, en su providencia a la que ha tenido acceso Efe, solicita al Banco Santander, como heredero del Popular, «todos los informes o dictámenes jurídicos (o de otro orden) emitidos por Linklaters» respecto a la operación, ahora objeto de investigación, acometida por la entidad en 2016.

De este modo, acepta la solicitud planteada por Ron a finales de mayo, cuando le instó a incorporar dicha documentación que «desvirtúa el carácter anecdótico» de la intervención de Albella ante los consejeros, que acabaron por dar luz verde a la ampliación por importe de 2.500 millones de euros.

El banquero sostenía que el entonces socio de la firma emitió «una opinión específica» a favor de la operación, y le reprochaba que en la comisión del Congreso sobre el origen de la crisis financiera asegurase que su participación fue «esencialmente teórica» y no tuvo «nada que ver con el resto de la ampliación».

En concreto, aseguraba que Albella, como socio responsable de Linklaters, tranquilizó a los consejeros ya que, en virtud de la ley de sociedades de capital, si éstos toman decisiones estratégicas o de negocio de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado y sin estar afectados por intereses personales, se considera que actúan con la diligencia exigible.

Evaluado el proceso, todo indicaba que el acuerdo se iba a adoptar en el marco de esta norma, aseguró entonces Albella, que quiso poner de relieve la participación del banco suizo de inversión UBS, entidad colocadora de la ampliación.

Después de que el pasado marzo se suspendiera el calendario a consecuencia de la crisis del coronavirus, la testifical del presidente de la CNMV será precisamente la encargada de reanudar la ronda de declaraciones del caso, el próximo 17 de septiembre.

Carlos Balado, en octubre

Un mes más tarde, el 22 de octubre, comparecerá en la Audiencia Nacional el que fuera director de comunicación del Popular entre 2012 y junio de 2017, Carlos Balado, quien, según indicaba Ron al solicitar su testifical, podría explicar cómo las «noticias negativas» y las filtraciones afectaron a la salud de la entidad.

El documento remitido al juez por el expresidente del Popular recogía la carta que ya en diciembre de 2016 envió Balado al entonces secretario del Consejo de Administración, Francisco Aparicio, en la que alertaba de situaciones «fuera de control generadas por consejeros del banco, en contra de los intereses de la entidad y de la política de comunicación».

La defensa de Ron aportó además las declaraciones que el exdirectivo hizo en la vista por la indemnización y la prejubilación del banquero, donde admitió haberse sorprendido cuando un «taxativo» Saracho, en un encuentro con periodistas meses antes de la resolución, dijo que el Popular «no valía nada».

Una información que era «contradictoria» con lo que presentó un mes más tarde el equipo gestor a la CNMV «indicando que el valor del banco, el valor patrimonial era de 11.000 millones de euros».

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de ese mismo año, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.