El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea con relación al empresario Juan Carlos Barrabés.
Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el procedimiento que dirige desde 2024, y en el que hace unos meses declaró como testigo la mujer del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Europea -que sigue investigando otros contratos adjudicados a Barrabés- solicitó al juez Peinado ese expediente tras recibir el informe de la UCO, si bien la defensa del empresario lo recurrió al considerar que la causa del Juzgado de Instrucción 41 ya estaba finalizada -Peinado la cerró el 11 de abril y la Fiscalía Europea lo reclamó el 20-.
Reprochó entonces la defensa de Barrabés a la Fiscalía Europea pretender «reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional».
Antes del mencionado informe de la UCO, esta defensa advirtió sin éxito a la Fiscalía Europea de que el juez seguía teniendo en sus manos dicho expediente.
La Audiencia Nacional ha ordenado que la causa de supuesta prevaricación y fraude en los fondos de la Unión Europea de Begoña Gómez y Barrabés recaiga sobre el juez Peinado y no sobre la fiscalía europea
Ahora, el juez de garantías de la Audiencia Nacional -que es el que resuelve las impugnaciones de procedimientos de la Fiscalía Europea- ha dado la razón a Barrabés y ha determinado que este expediente recaiga en el juzgado de Peinado para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto al que ha tenido acceso EFE este viernes.
En contra de la postura de la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional no tiene «ninguna duda» de que ese expediente sí estaba incluido en la causa de Peinado.
La Audiencia admite que «ciertamente» Peinado no incluyó «los actos de investigación» sobre este expediente en la resolución donde proponía juzgar a los investigados, incluido a Barrabés por tráfico de influencias.
Ahora bien, «la no existencia de mención» en dicha resolución «no se puede equiparar» a un archivo, de modo que se lo remite a Peinado, que ahora, en una providencia, ha abierto una pieza separada «para la investigación de los hechos» y ha pedido a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos.
Un contrato de 4 millones de euros
La adjudicación de Red.es que ahora pasa a examinar Peinado recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next -empresa de Barrabés- y la consultora KPMG, y se refería al servicio de «Oficina Acelera Pyme», una asesoría gratuita a negocios ofrecida por Red.es.
Esta adjudicación estaría financiada con fondos FEDER, aunque la Abogacía del Estado discutió este extremo.
La licitación tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y se tramitó de forma paralela a los otros dos expedientes por valor de 8,3 millones de Red.es que sigue investigando la Fiscalía Europea, adjudicados a la UTE Innova Next y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.
Al analizar este tercer expediente, la Guardia Civil observó que el informe de valoración habría «obviado deliberadamente» que no existía un requisito exigido en los pliegos -un libro blanco- y que debía puntuar en un criterio, el número 3, del que dependían los juicios de valor y donde la UTE obtuvo la máxima nota, resultando adjudicataria.
En los borradores del informe de valoración sí se aludía a la ausencia del mencionado libro blanco, pero en los informes finales «habría sido deliberadamente ocultado» al efecto de que «no fuese detectado por otros licitadores».
La persona que firmó los informes de valoración de los tres expedientes investigados es el mismo trabajador de Red.es que está investigado por la Fiscalía Europea.
