El juez Calama sólo admitirá del Santander escritos sobre su responsabilidad civil en el caso Popular

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado, en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, que sólo admitirá escritos del Banco Santander que se ciñan a su eventual responsabilidad civil como entidad heredera, pero no a los hechos delictivos.

En un auto, al que ha tenido este jueves acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 descarta que esta medida genere indefensión al Santander ya que no ha visto «cercenadas» sus posibilidades de alegación y defensa en el proceso, y confirma que únicamente está legitimado para debatir las causas por las que figura como posible responsable civil.

El banco dejó de estar imputado en la causa en abril de 2019, después de que la sala dictaminara que no tenía «ninguna imputación ni responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan, por lo que no se pueden trasladar sin más los posibles defectos de organización de la entidad absorbida».

No obstante, y «sin perjuicio de lo que más adelante como resultado de las diligencias de investigación pudiera resultar», se mantuvo la legitimación del Santander como responsable civil.

Ahora el juez Calama sostiene que al tener dicha condición, el banco sólo puede debatir aspectos como la relación que ligaba a los supuestos autores del delito con la entidad para la que trabajaban; si los hechos se desarrollaron dentro del ejercicio normal o anormal de las funciones propias del infractor; o, llegado el caso, la cuantía fijada.

Meses después de la venta del Popular al Santander por un euro en junio de 2017, el juez Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida.

El magistrado acordó la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

La ronda de declaraciones del caso se retomará después del verano con las testificales, entre otros, de la presidenta del Santander, Ana Botín, que lo hará el 8 de octubre, y del que fuera presidente no ejecutivo del Santander España en el momento de la compra del Popular, Rodrigo Echenique, citado para el próximo 15 de octubre.