El juez del caso del Banco Popular ahonda en la investigación a Linklaters y el papel de Albella

El juez del caso del Banco Popular ahonda en la investigación a Linklaters y el papel de Albella

La factura emitida por el despacho de abogados liderado por el ahora presidente de la CNMV ascendió a casi 486.500 euros
20 octubre, 2020
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Actualizado: 20 octubre, 2020 11:59
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El juez que investiga la gestión del Banco Popular ha citado a declarar como testigo al socio del despacho Linklaters Jorge Alegre, que lideró el asesoramiento a la entidad en la ampliación de 2016 en el que también participó el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, entonces en la firma.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 emplaza a Alegre para el próximo 19 de noviembre, después de recibir parte de la documentación que solicitó el mes pasado, incluida la factura emitida por Linklaters, que ascendió a casi 486.500 euros.

Sin embargo, explica el Santander -en calidad de heredera del Popular- en su contestación al requerimiento del juez, una vez examinados los archivos de la extinta entidad, «no se han encontrado otros documentos contractuales relacionados con el encargo profesional realizado a Linklaters en relación con la ampliación de capital del año 2016», la llamada «operación Sky».

Y es que, según el bufete, «no hubo una hoja de encargo», sino que el mandato «se efectuó de manera verbal», una práctica «frecuente» especialmente cuando se trata de un «cliente habitual al que se ha asesorado en numerosas ocasiones y se realiza un encargo con premura».

Sobre el cerca de medio millón de euros en honorarios, Linklaters aclara que incluyen asesoramiento general sobre la operación, redacción de la documentación societaria relacionada con la ampliación, preparación de la nota de valores del folleto, redacción de los anuncios y la revisión de la presentación a los inversores.

Los servicios profesionales se completaron con la presencia «durante unos minutos» de dos de sus socios, Alegre y Albella, en la reunión del Consejo de Administración del Popular en la que se aprobó la ampliación de capital, con el fin de responder a las preguntas de los consejeros acerca de sus responsabilidades.

En su respuesta al magistrado, Linklaters recalca que «no se le encargó ni llevó a cabo ninguna auditoría legal de ningún tipo (…) ni validó el contenido del folleto informativo (…) ni emitió o pudo emitir ningún tipo de opinión legal relativa a su contenido».

Tampoco se le encargó «ningún dictamen vinculante, recomendación u opinión dirigida al Consejo de Administración del Popular sobre las «bondades» o procedencia de la ampliación de capital para que pudiera aprobarla».

Linklaters intenta deja fuera del caso del Banco Popular a Albella

A petición del instructor de la causa, Linklaters se refiere, además, a los profesionales del despacho que asesoraron al banco.

En este sentido, matiza que si bien dada la naturaleza de la operación participaron «numerosos profesionales, hasta un total de 22», éstos tuvieron una «muy distinta involucración y participación».

Así pues, el «núcleo principal del equipo, que llevó el día a día de la operación y la preparación de su documentación, incluida la nota de valores», estuvo capitaneado por Alegre, apoyado por otras cinco personas (un sénior, tres asociados y un júnior).

Fuera de este grupo queda, por tanto, Albella, al que únicamente se le menciona como participante junto con Alegre en la reunión del Consejo que aprobó la operación.

Durante su testifical del pasado septiembre, el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya aseguró que su papel como socio del bufete fue secundario, y señaló a su compañero por ser la persona que manejaba toda la documentación sobre el Popular.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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