El juez García García Castellón rastrea los 10,2 millones de euros que el BBVA pagó a Villarejo

El juez del caso Villarejo ha requerido información a una decena de entidades bancarias con el objeto de conocer «la completa trazabilidad» de los fondos abonados al excomisario por el BBVA, y que se calcula se elevaron a un total de 10.284.689,30 euros en los años que duró la relación con el banco.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez Manuel García Castellón, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, se dirige a las «correspondientes entidades bancarias» para que aporten todos los datos de que dispongan de «cuentas de recepción de las que se carece de información por los investigadores», según indicaba la Fiscalía en su escrito al magistrado.

En atención a esa solicitud, el magistrado de la Audiencia Nacional ha requerido a esas entidades bancarias para que con «carácter urgente» en un plazo de 7 días hábiles, «por tratarse de causa con preso», identifiquen «las cuentas bancarias o cualquier otro producto comercializado, incluso cajas de seguridad» de las que sean titulares o hayan sido -porque estén canceladas- Villarejo, su esposa o su socio en la empresa Cenyt, el abogado Rafael Redondo.

El juez y la Fiscalía quieren conocer en concreto los movimientos de una treintena de cuentas a nombre de sociedades vinculadas al extenso grupo empresarial del excomisario José Villarejo y que se encontrarían en esas entidades bancarias.

Una vez analizada al detalle la cuenta de Cenyt localizada en la investigación y en la que se venían recibiendo los pagos por los servicios al BBVA, la Fiscalía entiende que «una parte relevante de los fondos» se canalizaron principalmente por transferencia «a otras cuentas» vinculadas al Grupo, «cuentas de recepción de las que hasta la fecha se carece de información».

Otros fondos, añade en su escrito, se destinaron a gastos de la actividad empresarial como impuestos, arrendamientos, nóminas y domiciliaciones, mientras que en otros casos fueron a parar «a la obtención de participaciones sociales, en muchos casos mediante concurrencia a ampliaciones de capital».

Otra parte se encontraría, según la Fiscalía, en «el embargo del saldo de la cuenta vinculada al presente procedimiento».

Existe constancia por escrito de la contratación de los proyectos que Villarejo hizo para el BBVA, a excepción del bautizado como PIN bajo el que se habría espiado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por lo que la Fiscalía cree se pagó mediante «alguna de las facturas emitidas durante los períodos de vigencia del citado proyecto».

Para cumplimentar esta diligencia, el juez autoriza a agentes de la Unidad de Asuntos Internos, que se encarga de la investigación en esta causa, a recabar «de las entidades bancarias y de terceros cualquier otra información y documentación complementaria que se considere necesaria en interés de la investigación»

Todo con ello con el objeto de «realizar el seguimiento y rastreo de los fondos, identificación de intervinientes, conocer la causa de las operaciones, así como organizar la forma y fases en que se va cumplimentando esta diligencia».

Además advierte a las entidades bancarias requeridas «de que el requerimiento judicial de información es estrictamente confidencial por lo que, en ningún caso, puede ser comunicada su existencia al titular de la cuenta o a terceros distintos de los empleados del banco cuya colaboración sea estrictamente necesaria».