El juez rebaja de 68 a 51 los millones que el Santander debe pagar a Orcel

El juzgado de primera instancia 46 de Madrid ha rebajado de 68 a 51 millones la cantidad con la que el Banco Santander debe indemnizar al banquero italiano Andrea Orcel por su fichaje frustrado como consejero delegado de la entidad española.

El pasado 10 de diciembre el juez condenó al Santander a abonar a Orcel 68 millones, de los cuales 35 millones corresponderían a la asunción de incentivos a largo plazo; 17 millones, al bonus de incorporación; 10 millones, como indemnización de daños morales y reputacionales, y 5,8 millones, como dos anualidades del salario de Orcel, recogido en la cláusula de retribución objetivo anual.

El juzgado declaró la validez y perfección del contrato entre ambas partes, suscrito el 24 de septiembre de 2018, pero ahora, en un auto fechado ayer al que ha tenido acceso Efe, ha reducido la asunción de incentivos a largo plazo o «buy out» de 35 a 18,6, pagaderos en acciones, de ahí que la cantidad final sea de 51,4 millones de euros.

Tras el fallo del pasado diciembre, el banco ya anunció su intención de recurrir, decisión que mantiene pese a su satisfacción con la decisión adoptada por el juzgado madrileño.

El magistrado atiende a la petición del banco, que en mayo del año pasado presentó un escrito en el que señalaba que el importe del «buy out» debía ser inferior, en la medida en que Orcel había percibido, durante el paro forzoso, determinadas cantidades.

De lo contrario, añadía el banco, se daría la «la grave incongruencia de que la sentencia le llegara a dar más de lo pedido».

La disputa entre el banquero y la entidad que preside Ana Botín comenzó en verano de 2019, cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.

Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que el banco, sin embargo, no reconoce al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se cumplieron; además, asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

El Santander frustró la contratación tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio «inaceptable» -en palabras de Botín- que no había sido posible anticipar cuando se anunció el fichaje.