El PNV y PDeCat le cuestan al Gobierno 400 millones de euros del impuesto energético, según Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado que el gravamen temporal a las energéticas recaudará un 10% menos de lo inicialmente previsto, tras las cambios introducidos en el Congreso que excluyen del impuesto los ingresos procedentes de actividades reguladas y el negocio exterior. La semana pasada, El PNV y PDeCAT lograron que no computen a efectos del gravamen a las energéticas tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los ingresos obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.

Asimismo, Coalición Canaria logró excluir del pago a todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.

Montero ha dicho en la Cadena SER que este cambio supondrá unos 400 millones de euros menos respecto a los 4.000 millones que se esperaba que este gravamen ingresara en los dos ejercicios que va a estar en vigor.

El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos ha contado con el apoyo de EH Bildu, ERC, Compromís, Más País y BNG para su impuesto energético, con la abstención de PNV y PDeCat y el voto en contra de PP, Ciudadanos y VOX

El pleno del Congreso aprobó este jueves los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario.

La proposición de ley que regula los gravámenes ha salido adelante con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones.

El Gobierno de coalición ha contado con los votos a favor de EH Bildu, ERC, Compromís, Más País y BNG, mientras que PP, Cs y Vox se han posicionado en contra, en un debate ideológico entre quienes creen que la pobreza se reduce creando más riqueza y los que defienden que hay que hacerlo transfiriendo rentas desde quienes más tienen a los más vulnerables. PNV y PDeCAT, que se han abstenido porque, aunque comparten la filosofía de estos impuestos, consideran que su deficiente diseño los aboca a la nulidad y a devolver lo recaudado «con cargo a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger», en palabras de la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal.

«Cuando los tribunales resuelvan negativamente, que nadie diga que los tribunales trabajan para los ricos», ha advertido Ferrán Bel, del PDeCAT.

«Suya y solo suya será la responsabilidad política y patrimonial del enorme perjuicio que causarán al presupuesto de todos españoles», ha dicho en un tono más duro Gabriel Elorriaga, del PP, después de que Cs y Vox también hayan incidido en las dudas sobre la constitucionalidad de los tres gravámenes.

El de la banca y el de las energéticas por considerar que no gravan los beneficios extraordinarios sino el margen operativo y la facturación, respectivamente, y el de las grandes fortunas por constituir en la práctica un tipo estatal no bonificable del impuesto sobre el patrimonio que interfiere en la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Entre quienes se han posicionado a favor de los impuestos están EH Bildu o ERC, que creen que se quedan cortos y que deberían implantarse con carácter permanente, si bien EH Bildu pactó durante la tramitación en comisión que dentro de dos años se hará una evaluación por parte del Gobierno para decidir si se mantienen.

También con EH Bildu se acordó en comisión que las haciendas forales del País Vasco y Navarra gestionen los gravámenes a la banca y las energéticas, aunque en realidad no tienen cabida ni en el concierto vasco ni en el convenio navarro porque no son figuras tributarias sino prestaciones patrimoniales en forma de impuesto.

«No van a poder recaudarlos ni gestionarlos. Quien recaudará será el Gobierno español y lo que hará la Comisión Mixta de Concierto será negociar una determinada compensación económica», ha aclarado Sagastizabal, del PNV.