El Santander barajó pagar 7.000 millones por el Banco Popular, según un exdirectivo del banco

El que fuera secretario general técnico del Banco Popular, Miguel Ángel Moral, ha asegurado al juez que investiga a los dos últimos equipos directivos de la entidad que el Santander sopesó hacer una oferta de hasta 7.000 millones de euros por el banco en noviembre de 2016, meses antes de su resolución.

Moral ha declarado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, ante el que mañana comparecerá como testigo por videoconferencia el expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en noviembre de 2016 el Santander ya disponía de toda la información relativa a la situación del Popular, información que meses más tarde se puso a disposición de las entidades financieras interesadas en hacerse con el banco.

BBVA hizo una oferta ‘verbal’ de 5.500 millones de euros

En un primer momento, BBVA hizo una oferta de 5.500 millones de euros, interés que le llegó a Moral «verbalmente» por parte del actual responsable de BBVA en EEUU, Javier Rodríguez Soler, y de la que informó al entonces presidente del Popular, Ángel Ron.

Miguel Ángel Moral explicó ante el magistrado que si estaba al tanto de estas ofertas era porque entre sus funciones estaba el desarrollo corporativo; si bien el Santander no llegó a hacer una oferta «formal», sí sopesó dicha posibilidad, señaló Moral.

Según ha aclarado, Ángel Ron se puso en contacto con la presidenta del Santander, Ana Botín, en noviembre de 2016, conversación de la que el propio Ron informó a Moral.

Botín le dijo que estudiarían la operación, y tras un intercambio de pareceres con uno de los vicepresidentes del Santander, José Luis de Mora, se hizo un «virtual data room» o base de datos actualizada que se entregó al Santander en una memoria o «pendrive», tras lo cual se firmó un «non disclosure agreement» (NDA) o acuerdo de confidencialidad.

Un informe de la consultora Deloitte estableció el valor del Popular en negativo, 2.000 millones de euros, y eso permitió al Santander hacerse con el banco a un precio simbólico, ya que no había entonces ningún comprador, según el exsecretario general técnico del banco

En opinión de Moral, y siempre según las mismas fuentes, la información incluida en esa memoria es la que sirvió de base para hacer una oferta de 7.000 millones.

Sin embargo, un informe de la consultora Deloitte estableció el valor del Popular en negativo, 2.000 millones de euros, y esa diferencia, sostiene Moral, es la que permitió al Santander hacerse con el banco a un precio simbólico, ya que no había entonces ningún comprador.

En su declaración, Miguel Ángel Moral ha aludido a la fuerte caída del precio de las acciones apenas un mes antes de la resolución del Popular, en junio de 2017; el «virtual data room» se abrió a las entidades interesadas a comienzos de mayo, coincidiendo con la publicación en «El Confidencial» de una noticia que atribuía al entonces presidente del banco, Emilio Saracho, su intención de vender el banco.

Para Moral, la noticia contribuyó al desplome bursátil, aunque también influyeron unas manifestaciones realizadas en televisión de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, en las que, un mes antes de la resolución del banco, que tuvo lugar en junio de 2017, admitió que era uno de los casos que estaban analizando.

Miguel Ángel Moral, que acompañó a Emilio Saracho a Bruselas a entrevistarse con König en marzo, ha explicado que no le pareció que la presidenta de la JUR estuviese especialmente preparada desde un punto de vista técnico, y que no conocía el banco con profundidad.

Según él, hizo comentarios poco profundos desde el punto de vista técnico y fue aséptica y gris.

Este jueves, el expresidente del Frob Jaime Ponce, ante el juez

Mañana comparecerá como testigo el expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce, testimonio que el juez Calama considera importante para la investigación ya que vivió en primera persona el mecanismo de resolución y es, por tanto, «un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso».

El expresidente del FROB ya trató estos hechos en la Comisión de Economía del Congreso, donde defendió la intervención del Popular por las autoridades europeas el 7 de junio de 2017 y su posterior venta al Banco Santander a un precio simbólico.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.