No solo las comunidades gobernadas por el PP están en contra del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno de PSOE-Sumar. El socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, como ya en su día lo hiera Emiliano García-Page, le ha dicho no al socialista Pedro Sánchez. Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación autonómica que será objeto de debate y votación en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrará el próximo viernes por considerarlo «injusto e insolidario». Ese modelo, en opinión de 15 de las 17 comunidades autónomas, es ‘injusto’ e ‘insolidario’ y solo beneficia a Cataluña y a Canarias, los dos únicos territorios españoles que lo apoyan.
Según el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se trata de una propuesta injusta para Asturias, pero también para el resto de comunidades del noroeste del país, mientras que beneficia a Cataluña y Canarias, que tienen previsto apoyar el nuevo modelo, al Arco Mediterráneo, Andalucía, Madrid y Baleares.
Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Peláez ha incidido en que el modelo propuesto ni responde a los intereses y necesidades del Principado ni cumple con los preceptos consensuados en el parlamento asturiano en 2020 y en la Declaración de Santiago, suscrita en 2021 por ocho comunidades autónomas.
El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, en opinión de 15 de las 17 comunidades autónomas, es ‘injusto’ e ‘insolidario’ y solo beneficia a Cataluña y a Canarias, los dos únicos territorios españoles que lo apoyan
“Este Gobierno cumple lo que firma”, ha destacado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo asturiano, que ha incidido en que Asturias considera que es necesario reformar el actual modelo «pero no de cualquier forma».
Para el Principado, lo justo es establecer un modelo que tenga en cuenta el coste de los servicios públicos y que sirva para garantizar la equidad en todo el país, pero el modelo diseñado por el Gobierno central lo que hace es «ahondar en la capacidad fiscal, en la riqueza de los territorios como elemento fundamental para distribuir los recursos, un modelo injusto».
El Gobierno de Asturias viene defendiendo que la reforma del sistema de financiación debe basarse en el coste objetivo de los servicios públicos de modo que se garantice la equidad con independencia del lugar de residencia y de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma.
Esa es una premisa básica del acuerdo suscrito en Asturias por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, como en la Declaración de Santiago, avalada por ocho gobiernos autonómicos, incluido el del Principado.
Para el Principado, el envejecimiento o la orografía deben tenerse en cuenta
Para el Principado, el envejecimiento o la orografía deben tenerse en cuenta a la hora de realizar el cálculo de la población ajustada por el impacto que tienen en el coste de la prestación de los servicios públicos.
Peláez también ha lamentado la postura de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, sobre todo, por su negativa a sentarse con el Gobierno central para conseguir mejorar la propuesta inicial, y en especial de los que firmaron la Declaración de Santiago, por no haber hecho valer dicho acuerdo durante las negociaciones.
De cara al futuro, el consejero ha señalado que, aunque el modelo salga adelante en el CPFF, aún debe iniciarse su tramitación como ley orgánica y aprobarse, por lo que la posibilidad de que Asturias no se acoja al nuevo sistema es un escenario que ahora no está sobre la mesa.
