Emilio Saracho, como investigado, inaugura este miércoles las declaraciones por la gestión del Popular

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho comparece este miércoles ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, causa que ha precisado de dos años para que dé inicio la primera ronda de citaciones dada su complejidad.

Según el calendario dictado el pasado junio, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, se reserva dos días para completar la declaración del banquero, al que seguirán su predecesor en el Popular, Ángel Ron, y los ex consejeros delegados Francisco Gómez y Roberto Higuera.

El caso se remonta a 2017, año en el que Europa, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), resuelve el Popular dada su situación de «quiebra o próxima a la quiebra», y acuerda su posterior venta a precio de saldo al Banco Santander.

La decisión desencadenó una oleada de acciones legales por parte de los accionistas y tenedores de deuda subordinada, afectados por la reducción a cero de sus inversiones, que llevaron la operación ante los tribunales españoles y comunitarios, incluida la vía penal.

En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas contra los últimos presidentes de la entidad, Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.

El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.

La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.

Especialmente mediático será el testimonio de Saracho, que durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, afirmó con rotundidad que «la entidad engañaba, era un desastre, una caca, y con un valor muy cercano a cero», es decir, que «era incapaz de dar una buena noticia».

En la declaración, las partes previsiblemente aludirán al informe elaborado por los peritos cedido por el Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, quienes descartaron que el Popular fuese inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien añadieron que las cuentas reflejadas en el folleto «no respetaban determinados aspectos de la normativa».

Tras Saracho, este mismo mes llegará el turno de Ángel Ron, cuya citación fue pospuesta a los días 30 y 31 de octubre, a fin de solventar los problemas de agenda alegados por su abogado.

Hasta la fecha ya hay programadas declaraciones hasta el próximo diciembre, cuando están llamados los ex consejeros delegados del banco Pedro Larena e Ignacio Sánchez Asiaín, el socio auditor Pedro Barrio y la firma PwC, entre otros.