España presenta a Madrid para la agencia antiblanqueo el mismo día que la CE le abre dos expedientes en materia fiscal

 Representantes del Ministerio de Economía y del Ayuntamiento de Madrid se reunieron este jueves en Bruselas con miembros del Parlamento y la Comisión Europea para impulsar la candidatura de la capital española para convertirse en sede de la futura Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea. Este mismo jueves se ha conocido que Bruselas ha abiertos dos expedientes a España en materia fiscal: uno, por no aplicar bien las normas contra el blanqueo de capitales, y otro, por el mecanismo utilizado para resolver disputas fiscales.

Aunque aún no se ha abierto el proceso oficial para presentar a las candidatas a albergar la agencia, que debería estar en marcha en 2024, la visita se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo central y el consistorio para que Madrid acabe imponiéndose a otras potenciales candidatas como París, Fráncfort, Bruselas, Luxemburgo, Viena, Vilna o Riga, según explicaron fuentes de ambas delegaciones.

A la visita de hoy, anunciaron, seguirán más contactos a nivel de la Eurocámara y de los países miembros, puesto que la decisión estará en manos de ambos, así como eventos en Bruselas y Madrid para promocionar la candidatura.

La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo contará en principio con 250 trabajadores que podrían ampliarse luego hasta el medio millar y se encargará de supervisar directamente algunas entidades para prevenir y detectar el blanqueo y la financiación del terrorismo, así como de colaborar con los supervisores nacionales, que retendrán una parte de las competencias para vigilar estos riesgos.

Gobierno y Ayuntamiento madrileño defienden que se trata de una candidatura unida, que cuenta con el apoyo de ambas administraciones, así como de la sociedad civil y la comunidad empresarial, y tiene fortalezas tanto desde el punto de vista técnico, como por las características de la propia ciudad.

Por el lado regulatorio, España tiene un marco de referencia a nivel internacional, también en Latinoamérica, para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo, así como personal muy cualificado en la materia, argumentan fuentes del Ministerio de Economía, que descartan que los expedientes de Bruselas a España por su transposición de la directiva europea antiblanqueo vayan a representar un escollo.

En cuanto a la ciudad, Madrid ofrece un edificio que podría estar operativo a principios de 2024, como exige la UE, para el que se barajan dos posibilidades en el distrito financiero -que aún no se han hecho públicas – que estarían a solo unos kilómetros del Aeropuerto de Barajas y de las estaciones de tren.

Fuentes del Ayuntamiento destacan que Madrid, sede de la mayoría de multinacionales con presencia en España y principal destino de la inversión extranjera en el país, ofrece además posibilidades laborales para las familias de los trabajadores, colegios internacionales, buenas conexiones digitales, gran oferta cultural; y una relación entre la calidad y el coste de vida mejor que en otras capitales europeas.

También jugaría a su favor no tener ninguna otra agencia comunitaria y su distancia con otras organizaciones financieras podría incluso ser un valor añadido para una Autoridad que requiere garantías de independencia, añaden.

El próximo paso en la carrera es que Consejo y Parlamento acuerden los nuevos criterios para elegir la sede de agencias comunitarias, tras lo cual se abrirá la carrera oficial por la Autoridad.

La Eurocámara fijará su posición entre marzo y abril, por lo que la decisión final podría tomarse en el segundo semestre del año, bajo presidencia española de la UE.

La Comisión propuso crear una agencia comunitaria contra el blanqueo tras constatar que el sistema actual, que deja la vigilancia de estos casos en manos de las autoridades nacionales no funcionaba, tal como demostraron los casos de blanqueo en bancos de Holanda, Estonia y Letonia a finales de la década pasada. 

Expediente a España de la CE por las normas contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea inició este jueves un procedimiento de infracción a España por no aplicar correctamente la última directiva europea contra el blanqueo de capitales, en concreto, en lo que se refiere a la creación de un registro central de titulares reales de entidades legales.

El Ejecutivo comunitario, que también abrió expediente a Italia por el mismo motivo, urgió a ambos países a garantizar la correcta aplicación de la directiva y les dio dos meses para responder a su petición. De lo contrario, podría seguir adelante con un procedimiento que, en última instancia, permite a la Comisión llevar a los Estados ante la Justicia europea.

Tanto España como Italia han informado de que han incorporado la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales, pero la Comisión «ha identificado varias instancias de aplicación incorrecta de la directiva que se refieren al funcionamiento de uno de sus piezas clave: el establecimiento de registros centrales de titulares reales», explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Los Estados pueden optar por una base de datos central o utilizar los registros empresariales u otros que ya existan para recopilar la información sobre quienes son los titulares reales de estas entidades legales, una medida destinada a mejorar la transparencia para combatir así el uso de estas empresas para el blanqueo de capitales.

«La confianza en los mercados financieros por parte de inversores y del público en general depende en gran media de la existencia de un régimen de información que proporcione transparencia sobre la titularidad real y las estructuras de control de las empresas», señaló la Comisión, señalando que esto es aún más relevante en regiones como la UE, que se caracterizan por una propiedad muy concentrada de las compañías.

El expediente se refiere en concreto a la aplicación de la quinta versión de la directiva europea de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD5, según sus siglas en inglés), una norma sobre la que la Unión Europea ya negocia una nueva actualización, la sexta.

Bruselas expedienta a España por el mecanismo para resolver disputas fiscales

La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción a España por no aplicar correctamente el nuevo mecanismo para resolver disputas tributarias entre países de la Unión Europea y le urgió a solucionarlo, según informó la institución en un comunicado.

España tiene ahora dos meses para responder a la petición del Ejecutivo comunitario que, de no recibir réplica o no estar satisfecho con la misma, puede seguir avanzando en un procedimiento que en última instancia le permite llevar ante los tribunales europeos a los países que incumplen.

«El mecanismo asegura una resolución más rápida y efectiva de las disputas fiscales entre Estados miembros, dando mucha más certeza a las empresas y ciudadanos que tiene problemas de doble imposición», indicó la Comisión sobre una directiva que data de 2017.

Al evaluar cómo España ha incorporado esta norma a su legislación nacional, el Ejecutivo comunitario ha detectado que la legislación española «no proporciona una serie de elementos clave de las nuevas reglas», indicó.

También en materia tributaria, la Comisión ha enviado a España un dictamen motivado -el segundo paso en un proceso de infracción- dentro del expediente que le abrió el año pasado por no haber introducido en su legislación la última directiva europea sobre impuestos especiales.

Bruselas fijó normas comunes para todos los productos sujetos a estas tasas -alcohol, bebidas alcohólicas, tabaco, electricidad y productos energéticos- y empezará a aplicarse el próximo 13 de febrero.

España «no ha notificado ninguna medida» para transponer la norma a su ordenamiento legal pese a que tenía de plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2021 y a que la Comisión ya le había urgido a hacerlo en enero del año pasado.

Tras esta segunda llamada de atención, España tiene ahora dos meses para responder y, de no hacerlo o de proporcionar una respuesta que no satisfaga a Bruselas, la Comisión podría llevarle ante el Tribunal de Justicia de la UE.