España se une a un consorcio para crear un sistema de rastreo de ciudadanos contra la covid-19

España se une a un consorcio para crear un sistema de rastreo de ciudadanos contra la covid-19

13 abril, 2020
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Actualizado: 13 abril, 2020 17:15
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España se ha sumado al Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (PEPP-PT), con el objetivo de buscar una solución de rastreo digital que permita atajar la covid-19 y al mismo tiempo, según afirman, respetar la ley de protección de datos y privacidad europea, dos cosas incompatibles con el rastreo de ciudadanos.

La idea es buscar «un sistema para crear aplicaciones que frenen las cadenas de contagio de la covid-19 y al mismo tiempo respetar los principios de privacidad», ha anunciado este lunes la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a través de la red social Twitter. Algo que parece un imposible, porque hacer seguimiento de los movimientos ya supone no respetar los principios de privacidad, digan lo que digan y hagan lo que que hagan.

La titular de este mismo departamento, Carme Artigas, ha expresado, también a través de esta misma red social, su apuesta por que se cree «una aplicación única europea» para luchar contra este virus, teniendo en cuenta que «solo logrando la interoperabilidad entre países se podrá garantizarse una trazabilidad que asegure el intercambio de datos anónimos».

Este consorcio, según fuentes de este órgano, cuenta con más de 130 miembros de ocho países europeos -Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Suecia, además de España-, entre ellos científicos, tecnólogos, además de expertos de diversas instituciones y compañías.

Este organismo se creó el pasado 31 partiendo pensando que el colapso social y económico solo se puede evitar si se identifican rápidamente las posibles cadenas de transmisión del virus, con el de que las administraciones tomen medidas y administren sus recursos de una forma más eficiente.

Parten de la base de que esta solución se puede lograr mediante procesos digitales, con los teléfonos móviles de punto de partida, como ya han hecho algunos países asiáticos.

Con ello, el consorcio lo que busca es suministrar un servicio de certificación para iniciativas locales, con el fin de que los gobiernos puedan lanzar aplicaciones basadas en el cumplimiento de las normas europeas en materia de protección de datos, privacidad y seguridad.

España estará presente en este consorcio a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que por el momento no ha ofrecido a EFE más detalles de esta iniciativa.

A este asunto se refirió recientemente la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien anunció que el Gobierno español trabajaba con la UE en las aplicaciones tecnológicas que serían «más útiles» para luchar contra el covid-19 en la «fase de desescalada» del confinamiento.

La ministra partía de la base de que las medidas a aplicar debían de ir «más allá» de las fronteras nacionales si se quería garantizar la seguridad, siempre teniendo en cuenta las normativa europea de protección de los datos y privacidad.

Se trata, según avanzó la ministra entonces, de buscar de forma coordinada con la UE los instrumentos para garantizar la seguridad de las personas contra la covid-19 una vez que se levanten las restricciones de movilidad de las personas a través de las fronteras.

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