La carta de Pedro Sánchez a la Comisión Europea exigiendo que no se ampliará el veto a los coches de combustión más allá de 2035, prohibiendo incluso los vehículos híbridos enchufables, ha caído en saco roto, así como las propuestas en materia de vivienda del Gobierno PSOE-Sumar que no son vistas ni como eficaces ni como factibles para solucionar los problemas del sector.
Pues bien, la Comisión Europea ha ignorado completamente la petición de Sánchez y ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan dióxido de carbono (CO2) fijado para 2035, en el marco de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos, la creciente competencia china y los aranceles de Estados Unidos.
El Ejecutivo comunitario planteó este martes que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que hasta un 10 % del volumen de CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor.
La Comisión Europea ha ignorado completamente la petición de Sánchez
Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar «créditos», que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y de combustibles sintéticos (efuels).
Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a partir de 2035.
«Afirmamos claramente el principio de neutralidad tecnológica. Confiamos en la industria para proponer las soluciones más pertinentes para alcanzar la descarbonización», dijo en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné.
«Hemos calculado que aproximadamente el 35 % de los vehículos que no sea eléctricos será de combustión o híbridos o cualquier otra tecnología», apuntó el comisario de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas.
La rectificación, que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España, que aboga por mantener el veto en 2035.
Nuevo ajuste
El ajuste llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones previstas para 2025.
La Comisión repite ahora esa fórmula para el período 2030-2032, y a continuación revisará la legislación para ver si ha respondido a sus objetivos.
«La electrificación del parqué sigue siendo el principal motor de la transformación de la flota europea a diez años», pero «nuestra industria se enfrenta a tres grandes desafíos: una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal», resumió Séjourné.
El cambio en las exigencias climáticas a los constructores incluye otras medidas para relanzar al sector y se suma a una amplia estrategia de la Comisión para suavizar y simplificar el grueso de la normativa medioambiental aprobada en la pasada legislatura para no lastrar la competitividad económica de la UE.
Furgonetas, camiones y flotas verdes
La propuesta incluye también revisar la reducción de emisiones para las furgonetas, que en 2030 tendrán que hacer un esfuerzo de recorte de CO2 del 40 % respecto a 2021, y no del 50 %.
Para los camiones, la Comisión plantea márgenes adicionales de flexibilidad de cara a 2030.
Además, el paquete incluye una directiva sobre flotas profesionales, orientada a impulsar la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones mediante objetivos específicos para las flotas de empresa, que suponen el 60 % de las compras de automóviles nuevos en la UE.
La iniciativa, que busca también generar un mercado de segunda mano de eléctricos, introducirá objetivos legalmente vinculantes para cada Estado miembro y se aplicará a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación.
Pequeño coche eléctrico europeo
La Comisión apuesta asimismo por el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles producidos en Europa, para los que propone una nueva subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos.
Estos nuevos coches, que medirán como máximo 4,2 metros y presentan rasgos similares a los «kei» japoneses, gozarán de permisos especiales de aparcamiento y exenciones en peajes, además de estar exentos de nuevas exigencias de seguridad y sostenibilidad durante diez años para abaratar su producción.
Además, si los vehículos se fabrican en Europa, sus ventas se ponderarán de forma que pesen más en la reducción de CO2 exigida de media a las flotas, y la Comisión propondrá a los Estados miembros que diseñen primas para su compra y programas de retirada de antiguos vehículos, así como tarifas de recarga reducidas.
Bruselas propone también exigir contenido local en los vehículos beneficiarios de apoyo público, especialmente en las flotas profesionales y en la cadena de valor de las baterías, con el objetivo de sostener la producción industrial europea y limitar la dependencia de terceros países.
Acelerador de baterías
El Ejecutivo comunitario presentó un plan de 1.800 millones de euros para apoyar a la industria europea de las baterías eléctricas que incluye financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y refuerzo de la investigación, con el objetivo de reducir la dependencia de China.
Además, la Comisión espera ahorrarle a la industria 700 millones al año simplificando la burocracia
La CE tampoco admite en vivienda las ideas de Sánchez y se opone a topar precios o intervenir el mercado
El PP ha asegurado este martes que el Plan Europeo de Vivienda Asequible que ha presentado la Comisión Europea supone una «reprobación formal» de la gestión que está realizando el Gobierno» y se ha preguntado si después de este «varapalo» Pedro Sánchez va a derogar su «fracasada» ley de vivienda.
Según fuentes del PP, la intervención del mercado y el control de los alquileres que se incluyó como medida «estrella» en la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en España en 2023 ha sido «rechazada frontalmente en el plan comunitario, ya que, en vez de solucionar el problema, lo agrava».
Los populares sostienen que la UE se ha «alineado» con ellos y con las comunidades autónomas que gobiernan en cuanto a no intervenir en el mercado y no topar los precios del alquiler.
No a la ideología y no a los fines propagandísticos de Sánchez
«Los planes de vivienda de la UE y del PP coinciden en sus ejes fundamentales: acelerar la construcción de viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a la vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no en ideología y con fines propagandísticos, como hace el Gobierno de Sánchez», señalan.
Destacan además que el plan europeo incluye expresamente una nueva categoría de vivienda asequible «para que se beneficien de ayudas estatales de la UE, en un claro respaldo a las propuestas efectuadas por el PP para recuperar el modelo de éxito de la antigua vivienda de protección oficial (VPO), especialmente para las clases medias.
Asimismo critican que, mientras el proyecto comunitario aboga por tomar decisiones en coordinación con los distintos territorios, el Gobierno de Sánchez «se empeña en imponer y chantajear a comunidades autónomas y ayuntamientos, sin respetar el principio de subsidiariedad».
Para el PP, el balance de gestión del Gobierno es «desolador» con un Ministerio de Vivienda que ha dejado sin ejecutar el 68 % de su presupuesto, la renuncia a 4.000 millones de préstamos de la Unión Europea para vivienda social y alquiler asequible y la creación de una empresa pública -Casa47-, que es «inservible» y «cuesta a los ciudadanos 16.000 millones».