Fin y fracaso de la medida estrella de los microcréditos para el alquiler del ICO

Los microcréditos sin intereses avalados por el Estado para que los afectados por la crisis de la covid-19 pudieran pagar el alquiler de sus viviendas llegan a su fin este jueves, después de varias prórrogas aprobadas por el Gobierno y de casi año y medio de vigencia y con la sensanción de fracaso total. El exvicepresidente Pablo Iglesias anunció en marzo de 2020, cuando se aprobó la medida, que unas 500.000 familias podrían beneficiarse de ella, el Ejecutivo no ha ofrecido en este tiempo ningún dato que permita calibrar su aplicación real y la banca y afectados siempre han hablado de una escasa demanda e interés por esa financiación.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), encargado de aportar el aval de estos microcréditos, ha confirmado este miércoles a Efe que no se ha publicado orden ministerial alguna que prorrogue la ayuda.

Aunque el exvicepresidente Pablo Iglesias anunció en marzo de 2020, cuando se aprobó la medida, que unas 500.000 familias podrían beneficiarse de ella, el Ejecutivo no ha ofrecido en este tiempo ningún dato que permita calibrar su aplicación real.

Tampoco el sindicato de inquilinos ha hecho seguimiento de esta ayuda, con la que no estuvo de acuerdo, ya que defendía la suspensión del pago del alquiler a los afectados por el coronavirus.

Un par de meses después de su creación, fuentes financieras ya explicaron a Efe que la burocracia había retrasado tanto la puesta en marcha de las ayudas que la medida había ido perdiendo poco a poco interés, ya que cada día se cerraban acuerdos privados de forma voluntaria entre inquilinos y dueños de las viviendas.

Estos préstamos de hasta 5.400 euros, vigentes desde el 1 de abril de 2020, se dirigían a inquilinos que se hubieran quedado en el paro y hubieran sido incluidos en un ERTE.

También podían solicitarlo quienes hubieran visto reducidos sus ingresos a menos de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (unos 1.600 euros), con variables por hijos, mayores de 65 años y dependientes a cargo, siempre que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, fuera superior o igual al 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar.

Los beneficiarios debían ser familias con mensualidades de alquiler de hasta 900 euros, que tendrán seis años para devolver el crédito, ampliables a otros cuatro.

Aunque el pasado 9 de agosto terminó el plazo para solicitarlos, las entidades financieras -que hablan de poca demanda- han tenido hasta este jueves, 9 de septiembre, para formalizarlos.