La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que un eventual fraccionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT) derivado de la cesión de las competencias tributarias a la Generalitat de Cataluña sería ineficiente y «costoso para empresas y ciudadanos».
En un artículo publicado este lunes, Fedea analiza el acuerdo de financiación singular para Cataluña, que incluye la cesión a la Generalitat de las competencias sobre todos los tributos, y su impacto en la actividad de la Agencia Tributaria.
Para Alberto García Rey, autor del informe, este acuerdo llevaría a «un sistema confederal» que reduciría los recursos disponibles para la administración central, amenazando así la «equidad y cohesión social».
Al mismo tiempo, este «fraccionamiento» de la Agencia Tributaria mermaría la eficiencia en la gestión, ya que se pasaría de una base de datos única a varias bases de datos, lo que afectaría, por ejemplo, a la confección de borradores, al tiempo que incrementaría las cargas administrativas sobre los contribuyentes.
Además, esta división de las bases de datos también complicaría la lucha contra el fraude, sobre todo en los casos más organizados.
La fragmentación de la AEAT traería consigo inseguridad jurídica con su impacto negativo en los inversores nacional e internacionales, según Fedea
Y por encima de todo, señala Fedea, la seguridad jurídica -tan reclamada por los inversores nacionales e internacionales- podría verse seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretendan establecerse en España con un modelo de negocio único, y fiscalmente tratado como tal.
Es por ello, por lo que a este respecto deberíamos tener altura de miras, y preguntarnos, plantean desde Fedea, en qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta, según esta fundación, es que en nada: «Perderíamos en la aplicación de las mejores prácticas que permiten las economías de escala; en una más eficiente gestión del conocimiento; en facilitar la lejanía del poder político en la gestión tributaria, que asegura una administración de más dimensión y más profesionalizada; en la inmediatez en la obtención de información con la importancia que ello tiene, por ejemplo, en la emisión de certificados; en competitividad para las empresas que tendrían más cargas indirectas; o en recursos para todos los ciudadanos, porque, sin duda, este servicio esencial para el Estado del bienestar nos saldría más caro».
