Francisco González, expresidente del BBVA, gestó en el Complejo Policial de Canillas la denuncia contra el líder de Ausbanc, según la fiscalía

El expresidente del BBVA Francisco González participó presuntamente en una comida en el Complejo Policial de Canillas en la que se cree que se gestó la denuncia contra el líder de Ausbanc Luis Pineda, y que dio pie a la causa por la que fue a prisión y ahora está siendo juzgado en la Audiencia Nacional.

Así se desprende de un informe de la Fiscalía Anticorrupción incorporado a la pieza 9 del caso Villarejo, al que ha tenido acceso Efe tras levantarse el secreto de sumario.

Este informe hace referencia a un documento denominado «Relatorio» de Eduardo Ortega Martín, exdirector de los servicios contenciosos Corporativos de BBVA, en el que éste relata que participó junto a Francisco González en un almuerzo en Canillas el 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía.

Tras esa comida, según la Fiscalía, «se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de manera anónima contra Ausbanc ante la UDEF» para proceder «a la investigación de dicha asociación».

«Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega» para después entregársela a Julio Corrochano Peña (exjefe de seguridad del BBVA imputado en esta causa), y éste, a su vez, a José Manuel Villarejo Pérez, «que la presentaría ante la UDEF».

Dicha denuncia, recuerdan los fiscales del caso, dio lugar posteriormente a la causa que se abrió contra Pineda en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, y por la que se le está juzgando desde la semana pasada.

Precisamente mañana está previsto que Pineda abra el interrogatorio a la decena de acusados en esta causa, entre los que también figura el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Según el informe de Anticorrupción, antes de presentar esta denuncia Corrochano encargó primero a Villarejo que, a través de su empresa Cenyt, investigara a Pineda y a Ausbanc «como defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial desarrollada por aquellos (frente a las extorsiones de que eran objeto), y como alternativa a la denuncia de los hechos».

De este modo nació el llamado proyecto Pin en el que el excomisario recabó información al respecto «con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc», dice la Fiscalía.

Durante varios años, Villarejo se dedicó a incorporar a ese proyecto «tráfico de llamadas y análisis de cuentas corrientes» que supervisaron los ejecutivos de BBVA Corrochano; Eduardo Arbizu, exresponsable del área de Regulación y Control Interno; José Manuel García Crespo, exresponsable de los servicios jurídicos; Eduardo Ortega y Francisco González, todos ellos imputados en esta causa.

En el avance del proyecto PIN, fechado el 20 de octubre de 2012, Villarejo exponía que Pineda mantenía «una intensa actividad de contactos con medios de comunicación, así como con firmas relacionadas de alguna manera con la imagen» y dado que «podrían ser de interés» aconsejaba «su control a corto, medio plazo».

En ese momento, el excomisario solicitaba una provisión de fondos de 150.000 euros a abonar «dentro de los tres días a la aceptación del encargo».

Para una primera fase del proyecto, proponía «vigilancias, seguimientos, filmaciones y/o sensores electrónicos (si fuera necesario)», lo que derivaría en «gastos en transporte, hospedaje y dietas en desplazamientos por España», así como honorarios del personal dedicado a estas tareas «hasta un máximo de 120 días».

También incluía en ese presupuesto inicial «costes sobre consultas de archivos, registros y fuentes de todo tipo», así como «pago a informadores y colaboradores, ya sean nacionales y/o extranjeros (hasta un total de 30.000 euros, siempre que el pago individual no exceda de 10.000)» y gastos derivados de «un máximo de dos desplazamientos internacionales».

Como nota final, Villarejo señalaba que «los costes para la elaboración del informe, por importe de 24.000 euros» quedaban incluidos en la provisión de fondos y advertía que dado «el carácter confidencial del proyecto, se aconseja el máximo de opacidad en el procedimiento de pago».