Fuertes críticas del sector del alquiler a las medidas de ayuda del Gobierno a los inquilinos

Las empresas que se dedican a gestionar, operar o intermediar en el mercado de las viviendas del alquiler se han mostrado en su mayoría críticas con las medidas adoptadas por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus para los inquilinos, los arrendadores y los grandes tenedores de inmuebles.

En una consulta efectuada por Efe tras la comparecencia para explicar el real decreto ley, las críticas se han dirigido tanto a los microcréditos públicos y a las posibles quitas a las empresas, como a las consecuencias que podría tener sobre la oferta y la demanda a medio plazo.

La sociedad de tasación Tinsa cree que el decreto plantea dos grandes cuestiones «de difícil evaluación actual».

Cuestiona la «eficacia en el corto y medio plazo» ante la ausencia de situaciones análogas y la «repercusión futura del aumento exponencial del déficit público en economías ya altamente endeudadas como la española».

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) lamenta que «algunas posturas más populistas hayan introducido, para todo aquel que tenga más de 10 viviendas, el concepto de gran tenedor para discriminar injustificada y arbitrariamente este ahorro colectivo».

«El ahorro colectivo o institucional», agrega, «no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo».

Más extremo se sitúa el Sindicato de Inquilinos de Madrid, que solicita al Gobierno la suspensión de pagos de los alquileres y mantiene la huelga convocada recientemente.

Las medidas propuestas por el Gobierno «son totalmente insuficientes» precisa la plataforma, que estima como «intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados por la especulación, a costa de endeudarse».

Arrenta, la compañía del sector de seguros de impago del alquiler, indica que las medidas «no fomentan el acuerdo y la negociación generalizada entre propietarios e inquilinos, que es la mejor fórmula para superar una crisis puntual en el alquiler como la actual».

Sobre la gestión de microcréditos, opina que «es compleja y podría llegar ser ineficaz si se solicitan masivamente».

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, señala que se va a producir un desplazamiento de la demanda de inquilinos hacia las viviendas de grandes tenedores.

Carroza explica que el Gobierno «está fomentando la figura de gran tenedor que va a ofrecer más soluciones» y subraya que «deja la puerta abierta a los casos de morosidad».

Para el director de Estudios de «pisos.com», Ferran Font, las familias que vivan de alquiler en una vivienda de un propietario de menos de 10 inmuebles «seguirán teniendo que llegar a un acuerdo con él».

Font cree que las medidas «son difíciles de entender y se puede dar una fuga de oferta de alquiler hacia la compra» y apostilla que éstas «no ayudan a calmar a un sector que necesita estabilidad».

Añade sobre las quitas a las empresas tenedoras que «impactará en las cuentas de resultados y es posible que a la postre implique nuevos ERTES en las propias compañías».

El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, opina que «es posible» que el decreto «solucione el presente inmediato, pero desde luego no parece preocuparse de las consecuencias que sus medidas puedan tener para las personas en el medio o el largo plazo».

«Cuando la situación se normalice» -prosigue- «es indudable que el alquiler se endurecerán los criterios para poder acceder a la vivienda a los grupos que ahora se pretende proteger lo que les dejará más desprotegidos a futuro».

El portal Fotocasa, en cambio, se ha posicionado de manera más ecléctica y opina que las medidas sobre el alquiler «garantizan que ningún español perderá la vivienda por problemas económicos surgidos de la crisis del coronavirus».