Funcionarios: UGT respalda la propuesta salarial del Gobierno, mientras CSIF la considera ‘insuficiente’

Como no podía ser de otra forma, el ‘sindicato amigo’ del Gobierno, UGT, ha respaldado y ratificará el próximo lunes la propuesta planteada ayer por el Gobierno que fija una subida salarial, según la central socialista, de hasta el 9,5 % entre 2022, 2023 y 2024, y que incluye el 2 % que los salarios públicos ya se han revalorizado este año. Para, el CSIF, sin embargo, la oferta es insuficiente, teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleadas/os públicos (sólo en los últimos dos años se ha reducido más de un 10 por ciento el poder de compra y más de un 20 desde 2010, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en otra crisis que negó un Gobierno del PSOE, pero que terminó arrasando España, recortó el sueldo de los empleados públicos).

En un comunicado, UGT, sindicato socialista que en el sector privado pide alzas de sueldos mucho mayores y ligadas al IPC, que, según el dato adelantado de septiembre supera el 9% solo para este año, señala que la oferta es «razonablemente realista» y amortiguará el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los 3 millones de empleados públicos.

La decisión ha sido avalada por el Consejo Federal de UGT, un órgano consultivo compuesto por las secretarías generales de todas las Autonomías y la dirección nacional.

Según recoge la última propuesta, el Gobierno plantea una subida salarial máxima del 9,5 % entre 2022 y 2024, que incluye la ya aplicada del 2 % este 2022. Solo en 2022 la inflación es del 9,3%.

El sindicato ha señalado que, a la espera de conocer la redacción definitiva del acuerdo, la propuesta del Gobierno avanza en cuestiones importantes para mejorar la situación laboral de los empleados públicos y «configurar unas Administraciones Publicas para el futuro que atiendan adecuadamente las demandas de la sociedad». 

El sindicato independiente CSIF considera insuficiente la oferta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que esta oferta es insuficiente, teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleadas/os públicos (sólo en los últimos dos años se ha reducido más de un 10 por ciento el poder de compra y más de un 20 desde 2010, cuando el Gobierno socialista recortó el sueldo de los empleados públicos).

En concreto, la última oferta es la siguiente: un 1,5 por ciento para 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero; un 2,5 por ciento fijo para 2023 (al que se le sumaría un 0,5 por ciento adicional vinculado a la evolución del IPC más otro 0,5 vinculado al PIB); y un 2 por ciento fijo para 2024 con una variable adicional del 0,5 por ciento vinculada a la evolución de los precios.

La propuesta de acuerdo contempla una serie de medidas adicionales reivindicadas por CSIF en la negociación, pero el Gobierno no las ha concretado. Se trata de medias relativas a jornada laboral, clasificación profesional, igualdad de género, digitalización y diálogo social, atracción y retención del talento, extensión de dichas medidas a al sector público institucional en todo aquellos que les sea de aplicación y derogación de las medidas de ajuste vigentes del Real Decreto-ley 20/2012 y un compromiso para poner en marcha el teletrabajo, tramitar la Ley de Función Pública de la AGE, revisión de gastos de desplazamiento, personal laboral del exterior y la revisión del modelo organizativo de los centros penitenciarios.

CSIF además de lo anterior propuso en la negociación otra serie de medidas prioritarias que el Gobierno ha rechazado, tales como:

• 1.- Derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras.
• 2.- Supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las CCAA puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro.
• 3.- Habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los EEPP, actualización de dietas, incremento de la indemnización por residencia,
• 4.- Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa.
• 5.- Supresión de la tasa de reposición.
• 6.- Modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos.
• 7.- La movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo.
• 8.- El incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.