Iberdrola, Endesa y EDP reiteran que el bono social tiene que ser con cargo al erario público

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha valorado las modificaciones incluidas en el proyecto de real decreto por el que se reformará la tarifa regulada de la electricidad o PVPC, aunque cree que el coste de financiar el bono social no debería corresponder a ninguno de los sujetos del sector, sino al erario público.

En un comunicado remitido este miércoles, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, sostiene que los costes asociados al bono social, al tratarse éste de una política pública, deberían financiarse «a través de instrumentos también públicos, al igual que el bono térmico».

Aelec considera que todas las modificaciones que se han incluido en el texto, recién enviado por el Ministerio para la Transición Ecológica al Consejo de Estado, están en línea con lo solicitado por las empresas comercializadoras y con la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

No obstante, «puede ser mejorado» en dos aspectos, uno de ellos relacionado con el coste de financiación del bono social, el cual -sostiene- «no debería corresponder a ninguno de los sujetos que operan en el sector eléctrico, y, entre ellos, a las comercializadoras de referencia (COR)».

En concreto, el proyecto introduce un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia.

Además, la asociación apuesta por actualizar los costes prudentemente incurridos de la comercialización «tal y como establece la normativa», estando pendiente la revisión para los periodos 2019-2021 y 2022-2024.

De forma adicional, reitera la necesidad de recuperar los costes asociados al canal presencial de atención a clientes.

Respecto al coste por la liquidación del mecanismo de ajuste de costes de producción del real decreto-ley 10/2022, que introdujo el conocido como «tope al gas» para generación eléctrica, Aelec insiste en que se deben tener en cuenta todas las liquidaciones de los servicios de ajuste para «una recuperación íntegra» de estos costes.

Por otro lado, ve «positivamente» que la norma se pueda aprobar «cuanto antes», ya que esto redunda en una «mayor estabilidad en el precio que pagan los consumidores en sus facturas».

La reforma del PVPC es uno de los compromisos que España adquirió con la Comisión Europea para que se aprobara el «tope al gas», a fin de reducir la exposición a la volatilidad del mercado diario a los consumidores con esa tarifa, y tendría que haber entrado en vigor a comienzos de año.

El proyecto de real decreto remitido al Consejo de Estado, con carácter de urgencia, prevé que la nueva fórmula de cálculo del coste de producción de la energía regulada, que incorpora el término de ajuste y la indexación parcial a una cesta de futuros, surta efectos a partir del 1 de enero de 2024.

Desde su creación en 2014, este precio regulado, al que pueden acogerse los pequeños consumidores con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW) en cada uno de los periodos horarios existentes, se ha configurado como una de las ofertas más competitivas del mercado.

Sin embargo, esta competitividad se ha logrado «a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo», expone el documento.