Jaime Ponce, presidente del FROB durante la resolución del Banco Popular, testifica esta semana

El expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce declara este jueves como testigo ante la Audiencia Nacional en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, entidad resuelta por el organismo a instancias de Europa en 2017.

El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, considera que este testimonio es importante para la investigación ya que vivió en primera persona el mecanismo de resolución y es, por tanto, «un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso».

Fuentes jurídicas han indicado a que no está claro que Ponce se desplace hasta Madrid ya que actualmente reside en Washington, donde trabaja como asesor en materia bancaria y de crisis del área de mercados monetarios y de capital del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El expresidente del FROB ya trató estos hechos en la Comisión de Economía del Congreso, donde defendió la intervención del Popular por las autoridades europeas el 7 de junio de 2017 y su posterior venta al Banco Santander a un precio simbólico.

Según explicó entonces, la operación no solo se hizo sin ayudas públicas, sino que además evitó la declaración de concurso.

Asimismo, añadió, «logró gestionar la situación de inviabilidad del banco protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad operativa a todos los clientes, y evitando el uso de recursos públicos».

EL PROCESO DE VENTA

En aquella comparecencia, Ponce explicó que el agravamiento de la situación y el riesgo de un desenlace inminente provocó que la Junta Única de Resolución europea (JUR) decidiera vender el Popular, por el que anteriormente solo cinco bancos nacionales se habían interesado.

Fue así como a través de un banco de inversión se contactó con esos supuestos interesados, hasta que en la tarde del 6 de junio se desencadenó la resolución.

La finalidad, insistió, fue evitar la declaración ordinaria de concurso del sexto banco español, cotizado en bolsa, y las posibles consecuencias en los depositantes (alrededor de 60.000 millones, de los cuales 35.000 millones eran de menos de 100.000 euros), clientes (unos 4,5 millones), empleados (cerca de 12.000) y, en general, para la estabilidad financiera de España y de la Unión Bancaria.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.