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Junqueras y Puigdemont, uno en la cárcel y otro huido y protegido por el Parlamento Europeo. / EFE

Junqueras y Puigdemont unen fuerzas para hacer frente a la fianza de 4,1 millones del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha reclamado un total de 4,1 millones de euros a una treintena de cargos y exaltos cargos del Gobierno de la Generalitat, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por la desviación de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pretenden pagar ese dinero con los 5,8 millones de fianza depositados en el juzgado número 13 de Barcelona, que ya investigaba el caso.

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La instructora de la causa por el 1-O ha levantado un acta de liquidación provisional por importe de 4.146.274 euros, de los que 3.903.294 euros corresponden al principal de los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 euros a intereses.

Los partidas de fondos públicos desviados más importantes corresponden a los 1,2 millones de euros invertidos en envíos portales a cargo de la empresa Unipost, de las que hace responsables a Puigdemont y al exvicepresidente, Oriol Junqueras, entre otros miembros del Govern, y los 1,4 millones con destino a infraestructuras informáticas de la Generalitat.

Tras escuchar sus alegaciones, la instructora ha requerido el depósito o el aval por ese importe que deberán realizar en el plazo de quince días.

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En el caso de que no cubran dicha cantidad, el Tribunal podrá iniciar el procedimiento de embargo de sus bienes o, en su caso, de sus nóminas, como sería el caso de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo.

Pues bien, Puigdemont y Junqueras, enfrentados ahora políticamente, se unen en sus intereses económicos para intentar salvar su patrimonio. Además de los dos políticos, uno figado y el otro preso, figuran tambiñen como acusados los ‘exconsellers’ Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn.

Según informa El Confidencial, las defensas de ambos han acordado reclamar al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde ya se investiga la consulta, que les permitan emplear la fianza que se depositó allí y que procede de la caja de resistencia.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, las defensas de todos los acusados, también las de ambos, preparan ya un escrito en el que se agarran a una idea que dejó caer la instructora del Tribunal de Cuentas en su expediente sancionador, al que ha tenido acceso este diario: la delegada anticipa en el mismo su intención de remitir copia de la pieza de responsabilidad civil a la magistrada del 13. En este juzgado, el grupo de procesados por el 1-O es distinto, pero las formaciones de las que proceden son las mismas, por lo que ERC y JxCAT consideran que la fianza que se depositó allí y que supera la que se pide aquí “es para todos”: la hucha “para todos” permitió que se depositara en ese procedimiento un total de 5,8 millones el pasado julio.

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En el acta de liquidación provisional, describe El Confidencia, la delegada instructora menciona 13 partidas: gastos por el “referendum.cat” y “crida extra” (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos para el 1-O (88.643,56); equipo de expertos del IEERT para el 1-O (189.200,34); observadores internacionales (177.464,80), y web cataloniavotes.eu (136.579,37).