La AEMEC reclama una fianza civil para Emilio Saracho por el caso del Banco Popular

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) ha solicitado al juez que investiga la caída del Banco Popular que imponga una fianza civil al expresidente de la entidad Emilio Saracho para «asegurar» que, llegado el caso, resarza a los accionistas por su «eventual» responsabilidad.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la AEMEC ve acreditada «la gestión desleal» de Saracho, al que apunta por la «exagerada filtración de noticias que salían del consejo que presidía», y pide que también se aporten las pólizas de cobertura de responsabilidad civil que el expresidente pudiera tener durante su mandato.

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el magistrado podría fijar una fianza civil, que no está relacionada con la cuantía que abonan los investigados para eludir la prisión provisional, si hay indicios de criminalidad, para garantizar las responsabilidades que puedan derivarse para los afectados en un juicio.

De estimarse, el auto decretaría además el embargo de bienes suficientes para cubrir tales responsabilidades si no se presta la fianza.

La asociación, como acusación particular, defiende la «importancia» de estas medidas cautelares «para asegurar las eventuales responsabilidades civiles reclamadas por los accionistas», e insiste en los «riesgos» que podría generar no adoptarlas para los perjudicados, que perdieron sus inversiones tras la resolución del Popular el 7 de junio de 2017 y su posterior venta al Banco Santander.

Además de criticar la «precipitación e irregularidad de su nombramiento, su escasa experiencia profesional y consistencia para gestionar el sexto banco de España», la AEMEC carga contra Saracho por situarse «deliberadamente fuera de lo que debía hacer un presidente de un banco leal».

En este sentido, señala las «incomprensibles actuaciones que realizó u omitió desde su llegada; la exagerada filtración de noticias que salieron del consejo que presidía; (y) las excesivas operaciones a corto en la Bolsa, que no fueron prohibidas».

La asociación denuncia cómo «un banco solvente» fue «demolido en escasos meses jugando con la confianza del mercado y atemorizando al regulador» con el objetivo de «bajar el valor de la acción a mínimos y de ahí hacer una transacción a coste bajo, para una vez consumada la venta, aflorar el valor real que automáticamente se lo apropian los nuevos adquirentes», en alusión al Santander.

Esta «gestión malintencionada ha generado la destrucción del valor del accionista», prosigue el documento, que subraya que aunque el Popular «era solvente y viable», Saracho «presuntamente optó por no gestionar y por bajar el valor de la acción, para hipotéticamente facilitar una operación corporativa a bajo precio».

Le recrimina, de este modo, una «ausencia absoluta de transparencia» en el proceso de venta al Santander, hecho que «denota que la petición de resolución no era más que el último eslabón de una operación urdida con el fin de restar el valor a los accionistas para entregarlo a un tercero».

El pasado octubre, Saracho ya compareció ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en calidad de investigado en la segunda pieza separada del caso, la cual se limita a sus 108 días de presidencia.

Según las acusaciones, entre ellas la de AEMEC, en dicho periodo se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.

En sede judicial, el banquero admitió que hubo filtraciones, pero rechazó ser su autor y señaló como fuente más probable al consejo de administración, mientras que sobre su gestión aseveró que no podía hacer otra cosa porque las cuentas «estaban como estaban».