La AN investiga la ampliación de capital del Banco Popular en 2012 al margen del juez Calama

La Audiencia Nacional (AN) investiga la ampliación de capital que en 2012 ejecutó el extinto Banco Popular, después de que el titular del juzgado central de instrucción nº 1, Alejandro Abascal, haya iniciado diligencias tras la presentación de una querella por presunta estafa a inversores.

La querella, presentada por Durán & Durán Abogados, es independiente de la causa que instruye el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, que comenzó en octubre de 2017 con la admisión de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del banco.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ángel Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Emilio Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

El pasado 10 de marzo, el juez abrió además una nueva pieza separada sobre la financiación a clientes del banco en la ampliación de capital de 2016.

La querella que investiga ahora el titular del juzgado central de instrucción nº 1, Alejandro Abascal, se centra en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el consejo de administración del banco aprobó el 1 de octubre de 2012 para sanear su déficit de capital, que según un informe de la consultora Oliver Wyman alcanzaba 3.223 millones.

Según la querella, dirigida contra el expresidente Ángel Ron y su entonces número dos, Roberto Higuera, el consejo de administración del Popular era consciente de que si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital del ejercicio 2012 no alcanzaría los resultados deseados, por lo que la operación solo buscaba «parchear su crítica situación».

De este modo, prosigue la querella, los responsables del banco decidieron alterar la imagen del grupo, especialmente tras la integración de las cuentas del Banco Pastor en las del Banco Popular, con lo que pretendían dar una imagen de solvencia cuando en realidad «se trataba de una entidad ruinosa», prosigue el documento.