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La burocracia ahoga las ayudas al alquiler, una de las medidas sociales estrella del Gobierno

La burocracia está retrasando la puesta en marcha de las ayudas directas a inquilinos mediante la concesión de microcréditos con aval del Estado para que los más afectados por la crisis puedan hacer frente al pago del alquiler, con lo que la medida va perdiendo poco a poco interés.

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La principal razón de que estos minipréstamos pierdan atractivo es que cada día se cierran acuerdos privados de forma voluntaria entre inquilinos y dueños de las viviendas, explican a Efe fuentes financieras al tanto de las decisiones de muchos de sus clientes.

Por eso coinciden en que la iniciativa va perdiendo poco a poco su utilidad y lamentan que todos los trámites burocráticos que hay que seguir harán que cuando la medida sea una realidad acabe siendo utilizada por mucha menos gente de la que en principio se pudo pensar, a pesar de que se aplique con carácter retroactivo.

PAQUETE DE AYUDAS

A finales de marzo el Gobierno dio luz verde a un paquete de ayudas para aquellas personas que viven de alquiler y estén en una situación vulnerable por la pandemia del coronavirus, ya sea porque están en paro, afectados por un ERTE o una reducción importante de la jornada de trabajo o fuesen autónomos con pérdidas sustanciales.

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Entre esas ayudas estaba la prórroga de los contratos, que impide al arrendador aumentar el precio o cambiar las condiciones del alquiler en seis meses, pero además los propietarios no pueden desahuciar a ninguna persona vulnerable hasta 6 meses después de la prórroga del estado de alarma.

También se aprobó un plan de ayudas directas a inquilinos vulnerables que varía en función del propietario del inmueble.

Si el dueño de la vivienda posee más de 10 propiedades tiene que aplicar una quita del 50 % al inquilino, reestructurar los pagos para devolver la deuda o aplicar una moratoria de hasta 4 mensualidades sin intereses a pagar en 3 años.

Si se trata de un pequeño propietario, el Gobierno planteó conceder a los inquilinos microcréditos con aval del Estado sin intereses a devolver entre 6 y 10 años y que cubrirían hasta un máximo de seis mensualidades.

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Además, los inquilinos también tendrán a su disposición créditos avalados por el ICO, si no pueden devolver los anteriores préstamos, con una ayuda máxima de 900 euros mensuales.

LA BUROCRACIA

El principal problema es que la medida, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, tuvo primero un desarrollo normativo que duró más de un mes, con lo que la publicación de la orden ministerial no llegó hasta principios de mayo.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) afinó luego algunos detalles y después de eso quedaba todavía la firma con los bancos del convenio, que recoja los pasos a seguir para que la medida sea una realidad y los interesados puedan solicitarla.

Varios bancos contactados por Efe muestran la disposición del sector a facilitar estos préstamos, aunque ello requerirá un esfuerzo para adecuar sus sistemas informáticos y la dedicación de parte de su plantilla a la concesión de unos créditos sin intereses.

También coinciden en que hay que facilitar la tramitación de estos minipréstamos porque la documentación que se pretende exigir es abrumadora para un crédito de 5.400 euros como máximo, pues se requiere un certificado de empadronamiento, el contrato de alquiler y hasta un documento que recoja que no se tiene ninguna propiedad.

Un papeleo que llegado el caso puede desanimar a muchos interesados, siempre que no hayan alcanzado incluso antes un acuerdo con sus caseros.