La Comisión Europea (CE) ha enviado este jueves una nueva carta de emplazamiento a España dentro del expediente de infracción que le abrió en 2025 por considerar que la legislación utilizada para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell infringe el Derecho comunitario, incluidas ahora también las nuevas normas sobre operaciones bancarias.
El Ejecutivo comunitario ha actualizado la evaluación en la que se basa el procedimiento de infracción para incluir las disposiciones de la nueva Directiva de Requisitos de Capital, que ha entrado en vigor después de la apertura del expediente y que los países miembros de la UE tenían que haber incorporado a su normativa nacional a más tardar el pasado 10 de enero.
«La CE considera que las medidas problemáticas españolas son incompatibles con el nuevo marco de la Directiva de Requisitos de Capital VI que rige las adquisiciones, fusiones, divisiones y otros cambios estructurales en instituciones de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expresadas en la carta de emplazamiento de 2025», explicó en un comunicado la institución.
España tiene ahora dos meses para responder a esta nueva misiva de emplazamiento y, de no hacerlo o si no queda satisfecha con la respuesta, Bruselas podría enviarle un dictamen motivado, el segundo paso en un expediente que, en última instancia, le permite llevar a los Estados ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir.
La CE abrió expediente el año pasado al considerar que España ha infringido la libertad de establecimiento
Aunque desde que se envió la primera carta en julio de 2025 las autoridades españolas han estado en contacto con las europeas, España no ha enviado todavía una propuesta para modificar su legislación, explican fuentes comunitarias.
Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el Gobierno «está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC».
Fuentes de ese Ministerio recuerdan además que la carta de la Comisión es complementaria a la recibida en 2025 y no supone que el procedimiento de infracción haya escalado a una nueva fase ni que se haya abierto uno nuevo.
La Comisión Europea abrió expediente el año pasado al considerar que España ha infringido la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única y la directiva y reglamento de requisitos de capital.
El CE ve problemático el modo en el que el Gobierno aplicó la ley de competencia en la opa del BBVA al Sabadell
Por un lado, ve problemático el modo en que el Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la opa porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones.
Además, considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.
Ahora las infracciones derivadas de la nueva directiva de requisitos de capital se suman a un expediente que se ha mantenido abierto a pesar de que la opa fracasó en octubre puesto que la infracción no tiene que ver con la operación concreta, sino con la legislación utilizada.
«Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son fundamentales para lograr la Unión Bancaria. Las fusiones también aseguran que el capital se asigna de manera eficiente en la UE y que ciudadanos y empresas tienen acceso a productos financieros a precios competitivos», señaló en su comunicado la Comisión Europea, que siempre ha defendido la utilidad de las fusiones bancarias