La CE apaga el furor fiscal del Gobierno con sus nuevos impuestos

La Comisión Europea calcula que la tasa a las transacciones financieras, el impuesto sobre determinados servicios digitales y las medidas de lucha contra el fraude recaudarán menos de los previsto por el Gobierno español en 2021. Muchas de estos nuevo impuestos, según Bruselas, no llegarán ni a la mitad de ingresos que lo previsto.

Así se recoge en el análisis detallado de las medidas propuestas por el Gobierno español en el borrador de Presupuestos envido el 15 de octubre a Bruselas, que fue publicado este miércoles por la Comisión junto con su opinión sobre el plan, al que dio un aprobado.

El Ejecutivo comunitario calcula que la tasa a las transacciones financieras reportará 425 millones de euros, en lugar de los 850 millones proyectados por el Gobierno español; y que el impuesto sobre ciertos servicios digitales recaudará 800 millones, y no los 968 millones previstos.

Bruselas ha hecho esta estimación «teniendo en cuenta las sumas recaudadas por otros Estados miembros» de la Unión Europea con estos gravámenes.

La Comisión rebaja además la previsión de ingresos por las medidas de prevención y lucha contra el fraude, de los 828 millones de euros que prevé el Gobierno español a los 425 millones, debido a las «incertidumbres que rodean a su implementación».

La Comisión no ha hecho una estimación de la recaudación que se conseguirá con otras nuevas medidas de ingresos, bien porque estas no habían sido suficientemente detalladas en el borrador presupuestario, bien porque se han anunciado después.

Es el caso de la tasa sobre los envases de plástico de un solo uso, los cambios en la fiscalidad verde y en los impuestos directos e indirectos o el aumento al 21 % del IVA de las bebidas azucaradas.

Por otro lado, el informe de Bruselas señala que los planes de 2021 muestran que continuará la tendencia de que el gasto subyacente esté por encima del crecimiento potencial, una tendencia que «requiere una monitorización estrecha» y que «se ve acentuada por la decisión de revalorizar las pensiones según la inflación y aumentar los salarios del sector público».

«El impacto sobre la sostenibilidad fiscal de la (continuada) revalorización de las pensiones según la inflación esperada y el aumento de los sueldos públicos merece una vigilancia estrecha», dice la Comisión.

Pese a ello, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, no consideró problemáticas estas medidas puesto que España no figura entre los países a los que se ha señalado por la «presencia sustancial de medidas con un efecto permanente de aumento del déficit», según dijo al ser preguntado por ello en rueda de prensa.

En general, la Comisión ha concluido que el plan presupuestario español cumple con sus recomendaciones y que la mayoría de medidas apoyarán el crecimiento económico en 2021, tal y como ha pedido Bruselas a los Estados.