La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación para determinar si el pago de una compensación de 23,5 millones de euros que España realizó a la japonesa JGC Holdings Corporation, por el recorte a las energías renovables de 2013, constituye una ayuda de Estado ilegal conforme a las normas comunitarias de competencia. El dinero se abonó en 2012, pero no a JGC, sino al fondo estadounidense Blasket Renewables Investment que compró a la empresa japonesa los derechos del laudo. En 2021, la ministra de Transición Ecologica, ministerio que lleva la competencia de los laudos de renovables, era Teresa Rivera, actual vicepresidenta de la CE y que pasó el relevó en España a Sara Aagesen.
La CE sospecha que el laudo arbitral que obligó a España a indemnizar a la compañía -y su posterior pago- pudo otorgar a JGC una ventaja económica equivalente a la del régimen de apoyo a las renovables de 2007, que España no notificó a Bruselas.
En 2013, modificó esos términos y los aplicó también a instalaciones que ya recibían ayudas desde 2007, recordó la CE en un comunicado.
El nuevo régimen sí fue notificado a Bruselas, que lo aprobó en 2017, advirtiendo entonces que cualquier compensación que un arbitraje concediera por los cambios de 2013 podría constituir ayuda de Estado, y, por tanto, corresponde a la CE su autorización.
La CE investiga si el pago en 2021 de 23,5 millones de España al fondo Blasket Renewables Investment es una ayuda considerada ilegal
JGC, que había invertido en renovables españolas al amparo del régimen de 2007, recurrió al arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y, en 2021, un tribunal condenó a España a pagarle 23,5 millones de euros más intereses.
España abonó la cantidad a Blasket Renewables Investment, un fondo estadounidense al que JGC cedió los derechos del laudo y que ha intentado ejecutarlo en Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica, según la CE.
Bruselas sostiene que solo ella tiene competencia exclusiva para autorizar ayudas de Estado y que el tribunal arbitral, al conceder la compensación, sustituyó su propia valoración por la de la Comisión.
Bruselas también investigará si el pago discrimina a otros inversores y distorsiona la competencia en el sector renovable.
Si la Comisión finalmente concluye que hubo ayuda ilegal, podría obligar a España a recuperar el dinero del beneficiario.