La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido mayor claridad en el real decreto de entidades de economía social y de finanzas éticas en cuanto a los requisitos para las entidades de finanzas éticas, y ha advertido de que las subvenciones a éstas podrían constituir ayudas de estado.
El organismo de Competencia ha emitido su informe al proyecto de real decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, en el que plantea varias mejoras al texto.
La norma recoge un marco para el fomento y promoción de estas entidades y para las operaciones de financiación que se alineen con objetivos medioambientales y sociales.
Entre las medidas previstas figuran subvenciones públicas y acciones de difusión para impulsar la actividad y mejorar la visibilidad de estas entidades.
Para la CNMC, esas subvenciones deben examinarse con cautela para asegurarse que se adecúan a la normativa de ayudas de estado.
La CNMC propone hacer una inclusión en el real decreto
La CNMC propone hacer una inclusión en el real decreto que especifique expresamente que las subvenciones son susceptibles de ser consideradas ayudas de estado, por lo que deberán cumplir la normativa aplicable.
El organismo de Competencia plantea otras mejoras en el real decreto, como que defina con mayor precisión qué se entiende por entidades de finanzas éticas y justifique adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de los requisitos que se les imponen.
En este sentido, la CNMC explica que una delimitación insuficiente podría generar inseguridad jurídica o imponer restricciones injustificadas en el acceso a las medidas de apoyo, impulso y fomento previstas.
También propone establecer indicadores claros, parámetros verificables y procedimientos de acreditación para evaluar de manera objetiva y homogénea el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades y proyectos beneficiarios.
Asimismo, recomienda justificar los umbrales de territorialidad y los efectos positivos esperados de los umbrales previstos.
Además, sugiere incorporar criterios objetivos para valorar el impacto social y medioambiental de los proyectos que aspiren a recibir apoyos.