La excúpula de Bankia testifica ante el juez por la venta de la Torre Cepsa

El expresidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri y el que fuera su «número dos» en la entidad, José Sevilla, han explicado este jueves en la Audiencia Nacional, en calidad de testigos, cuál fue el papel del extinto banco en el proceso de venta de la Torre Cepsa, ahora objeto de investigación.

El primero en comparecer ante el juez José Luis Calama ha sido Goirigolzarri, ahora al frente de CaixaBank, que ha llegado a la sede judicial a las 9:10 horas, veinte minutos antes de su citación, acompañado por un grupo de personas parapetadas detrás de tres grandes paraguas de color negro, para esquivar a la prensa.

Su declaración, que ha durado unos 40 minutos, tiene lugar en la causa que investiga la venta de la torre -que en su día perteneció a Bankia- a Muscari, sociedad del jeque y expresidente de Cepsa Jadem al Qubaisi; posteriormente, éste la revendió al brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, por unos 490 millones de euros.

Según el informe de la Fiscalía, la testifical de Goirigolzarri era necesaria porque «presidió, primeramente, la reunión del consejo de administración en la que se acordó aprobar tanto el arrendamiento como la opción de compra de la Torre Foster».

Asimismo, «tres años después presidió igualmente la reunión de dicho órgano en la que se autorizó la formalización del contrato de compraventa de las acciones de Torre Norte Castellana S.A a favor de Muscari», en ejecución de lo firmado en 2013.

Acto seguido ha tenido lugar la testifical de Sevilla -actualmente, consejero independiente de Renta 4 Banco-, cuyo interrogatorio se ha centrado en su papel como antiguo presidente del comité de desinversiones de Bankia, órgano que debatió y se pronunció acerca de la operación.

Junto a ellos, también estaban citados para esta mañana, siempre como testigos, el exsecretario del consejo de administración de Bankia Miguel Crespo y el empresario Francisco Javier Merino Enseñat, éste último por su grado de parentesco con algunos investigados y su relación de negocios con éstos.

La torre, diseño del arquitecto Norman Foster, era propiedad de Caja Madrid -después, integrada en Bankia- desde 2007, año en el que se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros mientras aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis financiera.

En 2013, Bankia alquiló las instalaciones a Cepsa, propiedad del fondo de Abu Dabi Ipic, para que la petrolera estableciera en ellas su sede central.

Ya entonces estableció una posibilidad de que Muscari, que fue quien realizó la operación, ejerciera una opción de compra sobre el edificio.

El contrato establecía un periodo de alquiler de ocho años prorrogables por otros siete, y que el inquilino pudiera ejercer en 2016 una opción a compra sobre el inmueble, con el fin de asegurarse unos ingresos a futuro como parte de los requisitos que le eran exigidos para recibir ayudas públicas.

Muscari comunicó entonces a Bankia su intención de ejercer dicha opción para, posteriormente, vender el edificio a un tercero, que tendría que mantener las condiciones de arrendamiento en su día firmadas con el banco.

Entre las ofertas recibidas, la presentada por el brazo inversor de Ortega, Pontegadea, fue la preferida a pesar de no ser la más elevada económicamente; no obstante, el fondo habría valorado en su elección la liquidez del inversor y su seriedad.

En 2018, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas de ahorros, presentó una denuncia contra el Banco de España, su entonces gobernador, Luis María Linde, y otros directivos del organismo, por no actuar con diligencia en una presunta operación de blanqueo de capitales relacionada con la venta del edificio, denuncia que fue archivada.