La extraña reacción del juez Calama con la exdirectora de Auditoría del Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha decidido imputar este jueves a la exdirectora de Auditoría Interna del Banco Popular, Yolanda García, por la supuesta financiación que la entidad habría concedido a clientes para acudir a la ampliación de capital de 2016.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado, visiblemente molesto, ha interrumpido el interrogatorio de García cuando apenas habían transcurrido veinte minutos y, por sorpresa, le ha anunciado que sería citada como investigada en la causa.

Se trata de la primera imputación en el caso desde 2017, cuando el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4 admitió a trámite varias querellas dirigidas contra los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el auditor externo y la firma PwC.

Procedente del Banco Pastor, García entró en el departamento de auditoría del Popular en 2012, y en él ejerció sus funciones primero bajo el mandato de Ron, y después, ya en 2017, con Saracho.

Desde el primer momento, el juez se ha centrado en la presunta concesión de préstamos a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016, una práctica sobre la que tanto el equipo de Ron como algunos directores territoriales han negado que existiesen instrucciones u órdenes.

Es uno de los aspectos que investiga la primera pieza separada del caso, y es que podría suponer que en la práctica la operación se financió con dinero del propio banco.

En este sentido, García ha indicado que su departamento controló cómo se habían producido las operaciones de venta, verificando que la comercialización de las acciones había cumplido con la normativa, y que los clientes estaban correctamente calificados y habían recibido toda la información.

Sin embargo, no se analizaron las fuentes de financiación ni la posibilidad de que se les hubiera concedido créditos para comprar acciones, algo que «no estaba prohibido» siempre que se hiciera de forma correcta, esto es, descontándolos del capital del banco.

Aún así, viéndolo «a toro pasado», quizás sí que debían haberlo controlado, ha añadido la exdirectora de auditoría interna, ya jubilada, ante la insistencia del juez, que en reiteradas ocasiones ha preguntado si no examinaron si hubo posible financiación.

Tal como consta en el sumario, tras el relevo en la presidencia, el nuevo equipo gestor liderado por Emilio Saracho impulsó la revisión de los estados del banco, incluidos los pormenores de la última ampliación de capital, lo que derivó en la reexpresión de las cuentas de 2016 esa primavera.

Dicha reexpresión hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del año anterior, como informó el Popular al mercado el 3 de abril de 2017 en un hecho relevante en el que explicaba que esto causaría un impacto de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.

Uno de los motivos mencionados en esa comunicación eran las «financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente».

No obstante, no tendría «efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable», añadía el hecho relevante, que cifraba «la estimación estadística del importe de estas financiaciones» en 205 millones de euros, «siendo el importe total objeto de análisis de 426 millones de euros».

UN «TEMA MARGINAL»

En su breve interrogatorio como testigo, García ha reconocido que a principios de enero de 2017 el que hasta entonces había sido su jefe, Jesús Arellano, le dejó una consulta en el ordenador de préstamos a clientes que habían comprado acciones, si bien ella lo consideró un «tema marginal».

Tal afirmación ha despertado la reacción del magistrado, que le ha afeado que no viera el tema o lo considerara marginal cuando se hablaba de clientes que habían participado en la ampliación con la financiación del banco.

En este punto, el juez Calama ha interrumpido la comparecencia y le ha informado de que en los próximos días sería citada como investigada en el proceso.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores de la entidad por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.