La intervención del alquiler: prórroga de contratos de 6 meses; subidas de solo el 2% y prohibición de desahucios

El Consejo de Ministros ha establecido una prórroga de seis meses para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, dentro del nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto de la inflación que ha aprobado este martes.

También ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación del 2 % en la revisión anual de las rentas de los contratos en vigor y hasta el 30 de junio la suspensión de desahucios y lanzamientos de familias vulnerables, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La medida de prorrogar los contratos de alquiler sin cambiar las condiciones ya estuvo vigente durante casi dos años -hasta el pasado 28 de febrero- con motivo de la pandemia de la covid.

Como en aquella ocasión, esta vez tampoco afectará a los nuevos inquilinos que firmen el contrato de arrendamiento por primera vez.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en España hay unos 3,5 millones de viviendas alquiladas.

La prórroga del tope del 2 % para la actualización de rentas que el Ejecutivo de coalición decretó el pasado marzo y que expiraba esta semana fue una de las medidas pactadas con Bildu en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

En los últimos días, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los sindicatos de inquilinos han presionado para que los socialistas accedieran a congelar los alquileres, que en un año han subido más del 7 % de media en España y han batido récords en las grandes ciudades.

A PETICIÓN DEL ARRENDATARIO

En un comunicado, el Mitma ha destacado que la prórroga de los contratos en las mismas condiciones se producirá «siempre a petición del arrendatario» y que el arrendador deberá aceptar la solicitud, salvo que se hayan fijado otros términos por acuerdo entre las partes.

También excluye de su aplicación a los propietarios que hayan comunicado en tiempo y forma que necesitan la vivienda de forma permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

IMPACTO EN EL MERCADO

Las empresas del sector han criticado las medidas y han insistido en que por ese tipo de política cada vez hay menos oferta, a precios más elevados y que cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda.

Para el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANAQ), José Ramón Zurdo, prorrogar por decreto todos los contratos de alquiler para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida «totalmente innecesaria» y «muy contraproducente» para los propietarios particulares que contaban con ese dinero para compensar la elevada inflación.

Zurdo ha advertido de que esta medida «ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y a los que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos».

Según sus datos, en nueve meses de vigencia del tope del 2 % en la actualización de rentas, los propietarios han perdido unos 1.800 millones de euros.

El portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, ha incidido en que las medidas anunciadas por Sánchez «no pueden ser peores para los que busquen casa a partir de enero».

Iñareta ha señalado que en estos momentos el calentamiento del mercado del alquiler se debe a la falta de oferta, que sigue menguando, «lo que genera no solo tensiones sobre los precios, sino una enorme ansiedad en las familias que están buscando arrendar una vivienda y tienen que enfrentarse a verdaderos ‘casting'».

También la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) se ha mostrado totalmente contraria a la prórroga forzosa de contratos de alquiler que, junto a la ampliación del límite del 2 % a la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios, supone «un nuevo ataque» al derecho a la propiedad privada de más de dos millones de propietarios en España.

Asval ha recordado que el 75 % de los propietarios son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión, y que también sufren los embates de la inflación, que se está aminorando paulatinamente y ya se encuentra en los niveles más bajos de toda Europa.

A su juicio, la inseguridad jurídica e indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en vivienda en alquiler y llevará a que los propietarios retiren sus inmuebles de este mercado.

Dado que perjudican claramente a los propietarios, limitando su derecho de propiedad, Asval alienta a todos ellos a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado por sus efectos.

Por su parte, los sindicatos de inquilinos han considerado positivo que se mantenga la limitación de las actualizaciones de las rentas al 2 %, pero han opinado que el Gobierno debería incluir elementos sancionadores para que fuera efectiva, ya que aseguran que «la mayor parte de los caseros se intenta saltar el tope».

Respecto a la prórroga de contratos, creen que supone postergar el problema y la incertidumbre de las familias inquilinas durante seis meses y subrayan que no protege de subidas de precios en los contratos que firmen nuevos inquilinos y en los pisos que entren en el mercado del alquiler.

A su juicio, con estas medidas el Gobierno está reconociendo la necesidad de regular el precio de los alquileres de forma generalizada, por lo que consideran que la ley de vivienda debería aprobarse antes de que termine su vigencia.