La Ley de Vivienda española, en manos de ERC y EH Bildu

El Gobierno intentará desencallar esta semana la nueva Ley de Vivienda en una reunión que mantendrá con sus socios parlamentarios, especialmente con ERC y con EH Bildu, que exigen que se prohíban los desahucios sin alternativa habitacional y que se regulen los precios del alquiler. Los resultados de anteriores negociaciones del PSOE con los separatistas catalanes y los proetarras apuntan a que ambas formaciones conseguirán de Pedro Sánchez sus exigencias.

«Son peticiones claves, que todavía siguen en el aire», señalan a EFE fuentes de Bildu que avisan de que todavía no hay «nada cerrado» y de que sus votos junto con los de ERC son imprescindibles para sacar adelante la nueva ley que el Ejecutivo pretende acelerar en el primer trimestre de este año.

Un compromiso de legislatura y de coalición, con sus socios de Gobierno, Podemos, que los morados ya ven cerca, después de incidir hoy en que los topes a los alquileres en las zonas tensionadas deben ser efectivos.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que «este es el elemento central que se está negociando» y que la nueva ley podría estar lista en las próximas semanas.

«Hoy estamos más cerca de aprobar esta ley», ha dicho tras reconocer que se negocian «cesiones técnicas».

Sin embargo, fuentes de ERC insisten en que no aceptarán una ley que «esté por debajo» de la ley de Vivienda aprobada por el Parlament y que está recurrida: «No tendría sentido», afirman a EFE tras confirmar que sobre la mesa está la posibilidad de que la regulación de los alquileres sea opcional en cada CCAA.

Inciden en que «no queremos que la ley mengüe las competencias de Cataluña» y recuerdan que sus demandas se alinean con las del sindicato de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH.

Lo cierto es que los diputados de ERC y de Bildu son necesarios para sacar adelante la nueva ley en las Cortes y el Gobierno trabaja en una enmienda para modificar el texto que salió del Consejo de Ministros en febrero de 2022 con el fin de reducir el plazo de la entrada en vigor de la ley, que podría quedarse en 6 meses en lugar de los 18 actuales.

Un texto, que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que presentaría a sus socios parlamentarios previsiblemente este jueves, según han señalado a EFE fuentes del Congreso.

Esa enmienda también podría contemplar la rebaja en la consideración de gran tenedor, actualmente situado en diez viviendas.

El proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda llegó al Congreso para su tramitación parlamentaria en febrero de 2022.

Desde entonces el PSOE ha transaccionado más de 400 enmiendas, la mitad de las presentadas por los grupos parlamentarios.