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La OCDE cree que la reforma de las pensiones de Sánchez es inviable y defiende el factor de sostenibilidad de Rajoy
El ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La OCDE cree que la reforma de las pensiones de Sánchez es inviable y defiende el factor de sostenibilidad de Rajoy

19 octubre, 2021
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Actualizado: 20 octubre, 2021 0:59
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 La OCDE cree que el llamado factor de sostenibilidad que eleva la edad de jubilación conforme crece la esperanza de vida es una de las mejores formas de afrontar el aumento del gasto público por el envejecimiento de la población que en los próximas 40 años afectará de forma muy particular a España. En España, señala, las reformas ya adoptadas apenas son insuficientes para hacer frente las pensiones, al tiempo que avala el mecanismo de sostenibilidad introducido por Rajoy en 2021, mientras el de Sánchez ‘aún está por definir’.

En un informe de proyecciones para el horizonte de 2060, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que, si la deuda pública se mantuviera estable de aquí a entonces, la presión fiscal en sus países aumentaría globalmente en 8 puntos de producto interior bruto (PIB).

Ese incremento, que se explica sobre todo por las necesidades por el envejecimiento de la población en términos de cuidados, de sanidad y de pensiones, sería mucho más elevado en España, de 13,23 puntos del PIB, una cifra que solo superarían Eslovaquia (17,21) y Polonia (13,95).

Teóricamente esa mayor presión fiscal se puede absorber de tres formas: con más impuestos, con más deuda pública o con reformas estructurales. Yvan Guillemette, uno de los autores del informe, explica a Efe que hay países donde la presión fiscal es tan alta que hay poco margen por esa vía.

En España -añade- «la deuda ya es bastante elevada» (superó el 117 % del PIB al finalizar 2020) y hay que esperar en los próximos años una «normalización de los tipos de interés», que encarecerá los pagos recurrentes del Estado por esa carga.

REFORMA LABORAL Y DE LAS PENSIONES

Por eso, la OCDE privilegia las reformas estructurales. En el caso de España, cambios para una menor dualidad del mercado laboral, para combatir el paro juvenil y aumentar la flexibilidad, pero sobre todo para hacer más sostenible el sistema de pensiones.

Esto último debería traducirse en acabar con las prejubilaciones, acercar la edad de jubilación efectiva a la edad de jubilación legal, que en España ha subido ya a 66 años (aunque el informe sigue tomando como referencia los 65), pero debe aumentar progresivamente a 67, y especialmente vincular esa edad a la esperanza de vida.

Los países que ya lo han hecho, como Portugal, Dinamarca o Finlandia, pueden elevar así su PIB per cápita en un 3-4 % para 2060, las mayores subidas que se obtendrán en la OCDE por los incrementos programados de la edad de jubilación, junto con Turquía.

En España, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-1018) instauró ese factor de sostenibilidad en 2013 para que entrara en vigor a partir de 2019, aunque luego se retrasó su aplicación hasta 2023. Sin embargo, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez decidió derogar la reforma de Rajoy para instaurar un «mecanismo de equidad intergeneracional» que está por definir.

La regla que propugna la organización es la aplicada en Portugal: subir la edad de jubilación dos tercios del alza de la esperanza de vida. Por ejemplo, si la esperanza de vida mejora en tres años, retrasar en dos años la jubilación.

REFORMAS INSUFICIENTES EN ESPAÑA

En España, las reformas ya adoptadas apenas permitirán un aumento de esa renta por habitante del 0,5 % en cuatro décadas. Uno de sus problemas es la gran diferencia entre la edad de jubilación legal (65 años) y la real (62 para los hombres y 61,2 para las mujeres), una de las mayores de los Estados miembros.

La OCDE considera que con los dos grandes cambios que propone (equiparar la edad de jubilación real a la legal y el criterio de sostenibilidad) la ganancia en términos de PIB per cápita sería del 5,47 %, un potencial de mejora que únicamente superan Bélgica (6,29 %), Turquía (6,19 %), Francia (5,81 %) y Polonia (5,71 %).

El informe recuerda que la pandemia tendrá un impacto fiscal negativo importante, con una progresión de la deuda pública de entre 20 y 25 puntos de PIB entre 2019 y 2022.

Por espectaculares que parezcan esas cifras, a largo plazo «palidecen» si se las compara con la presión fiscal derivada de las tendencias del envejecimiento de la población y del encarecimiento relativo de los servicios.

De ahí su apuesta por las reformas estructurales, máxime teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía en el conjunto que forman la OCDE y el G20 se espera que pase de alrededor del 3 % anual tras la crisis de la covid-19 a apenas un 1,5 % en el horizonte de 2060. 

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