La Organización de Países Desarrollados asegura que el llamado mecanismo de equidad intergeneracional ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación
La OCDE critica el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones
José Luis Escrivá, el ministro que ha acometido una reforma de las pensiones que castiga a los 'baby boom' y que no garantiza la sostenibilidad del sistema público.

La OCDE critica el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones

08 diciembre, 2021
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Actualizado: 08 diciembre, 2021 16:30
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La OCDE critica que España haya abandonado un ajuste automático del sistema de pensiones como era el factor de sostenibilidad para sustituirlo por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional que, según los cálculos conocidos, ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación.

En su informe bienal sobre pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se muestra bastante severa con la reforma adoptada la semana pasada por el Congreso español tras la derogación de la que llevó a cabo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, contra la que también carga por diferentes razones.

Explica que el mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un aumento de las cotizaciones (de 0,6 puntos) durante un periodo de diez años para afrontar el aumento del gasto por la jubilación de las generaciones más numerosas del «baby boom», se estima que permitirá recaudar en todo ese tiempo un 2,3 % del producto interior bruto (PIB).

El problema -añade- es que al mismo tiempo la Comisión Europea ha calculado que solo la indexación de las pensiones a la inflación, que sustituye en la nueva reforma al mecanismo de revalorización de Rajoy, supondrá un sobrecosto anual equivalente al 1,4 % anual del PIB en 2030 y del 2,6 % del PIB también anualmente desde 2050.

LA REFORMA SE QUEDA CORTA

El responsable del estudio, Hervé Boulhol, pone el acento en que el mecanismo de equidad intergeneracional «da un poco de oxígeno a corto plazo, pero no está a la altura del problema de largo plazo» del sistema, y eso significa que «harán falta nuevas medidas».

«En el horizonte de 2040-2050 hay un problema de recursos» por el rápido envejecimiento de la población en España y eso requiere «medidas estructurales», repite Boulhol, en declaraciones a Efe.

El principal defecto -añade- es que ahora se está haciendo una propuesta «a medio plazo y no se dice lo que ocurrirá después».

La OCDE incluye en un capítulo sobre España estas últimas evoluciones del acuerdo negociado por el Gobierno con sus socios parlamentarios y con los sindicatos, pero rechazado tanto por la patronal como por la oposición de derechas, y hace hincapié en que de esa manera se han eliminado los mecanismos de ajuste automático que tienen a su parecer una amplia serie de ventajas.

LAS VENTAJAS DEL AJUSTE AUTOMÁTICO

Hace notar que España forma parte de una minoría de países en la OCDE (un tercio del total) que no disponen de un mecanismo automático de ajuste y que, según los autores del informe, «ponen a resguardo las pensiones de las incertidumbres y son menos erráticas, más transparentes y más equitativas entre generaciones que las modificaciones discrecionales».

«Los mecanismos de ajuste automático -subraya- presentan la ventaja de definir la dirección que deben tomar los regímenes, sabiendo que un cambio de orientación exigirá al menos explicaciones y pondrá en evidencia los compromisos».

Reconoce que el factor de sostenibilidad que se contemplaba en la reforma de 2013 (aunque nunca llegó a entrar en vigor) funcionaba como ajuste automático pero presentaba un doble problema.

El primero es que, como quedó patente en 2019 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió suspenderlo, se instauró sin el consenso que hubiera sido necesario para que un dispositivo de este tipo pudiera perdurar, ya que ni los sindicatos ni la izquierda (entonces en la oposición) dieron su visto bueno.

Además, califica de «cuestionable» el índice de revalorización de las pensiones que puso en marcha el Ejecutivo de Rajoy, y que se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018, ya que tenía un impacto sobre los jubilados cuando ya poco podían hacer para aumentar sus ingresos, por ejemplo trabajando más.

Como en las ediciones anteriores, la OCDE examina algunos de los parámetros del sistema y sitúa a España dentro de un grupo de países miembros que tendrán que afrontar «serios problemas demográficos que se repercutirán en la adecuación de las pensiones de jubilación, en su viabilidad financiera o en las dos».

UN ENVEJECIMIENTO MUY MARCADO EN ESPAÑA

Sobre todo por el envejecimiento previsto de su población. En el horizonte de 2050, en España habrá 78,4 personas de más de 65 años por cada 100 que tendrán entre 20 y 64 años, en edad de cotizar. Una proporción que solo se superará en Japón (78,8) y Corea del Sur (78,8).

En paralelo, se calcula que de aquí a 2060 la población de entre 20 y 64 años disminuirá en España más del 25 % en España, frente a una media del 10 % en la OCDE.

España es uno de los países en los que las pensiones son más generosas si se comparan con los sueldos de los trabajadores durante su vida activa. La llamada tasa de reemplazo (porcentaje del salario que representa la pensión) es del 73,9 % en España para los que han cubierto el periodo de cotización, frente al 51,8 % de media en la organización. 

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