La presidenta de Control Presupuestario del PE carga contra Calviño por el fondo de recuperación europea

La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, que encabeza la misión de eurodiputados que viaja la próxima semana a España para supervisar la ejecución del plan de recuperación, acusó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de «pasar la responsabilidad del éxito del plan a las regiones españolas».

«Fue interesante leer que parece que usted pasa la responsabilidad del éxito del fondo de recuperación y resiliencia (RRF) a las regiones españolas», escribe la política alemana, miembro del Partido Popular Europeo, en una carta a la que ha accedido EFE y que dirige únicamente a la ministra española de Asuntos Económicos, a pesar de que la misiva a la que contesta está firmada también por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Hohlmeier, muy crítica con el control del plan de recuperación de España a pesar de que la Comisión Europea ha respondido siempre que se está desarrollando con normalidad, toma nota de la «proactividad» de Calviño por haber mandado primero una carta y se muestra «segura de que (la vicepresidenta española) no tenía la intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que hubiera empezado».

En este sentido, recuerda que el objetivo de la visita es «analizar la ejecución del plan español de recuperación y resiliencia, incluidos los hitos y objetivos y en particular los sistemas de gestión, auditoría y control en marcha».

Así, garantiza que la visita «se desarrollará de forma no politizada y se basará en hechos» y afirma que todas las reuniones previstas en los tres días servirán para tener un conocimiento «más profundo» de la aplicación de las reformas e inversiones que contempla el plan.

Hohlmeier también insta a Calviño a facilitar una reunión con la anterior directora general a cargo de la ejecución del plan de recuperación, Rocío Frutos, cuyo encuentro «lamentablemente» no consta entre los previstos durante la visita que tendrá lugar entre el lunes y el miércoles próximos.

En el texto, además, califica como «sorprendente» que la carta de Calviño «fuese compartida con la prensa», incluso «poco después» de que ella misma la recibiera y «los miembros de la Comisión tuvieran la oportunidad de conocer adecuadamente su contenido».

En esta misiva, fechada este lunes, Calviño y Montero exponen que España tiene una estructura política «muy descentralizada» en la que las comunidades autónomas juegan un «papel crucial» en el diseño y la puesta en marcha del plan.

En concreto, cifran en 20.600 millones de euros los fondos transferidos a las comunidades autónomas para medidas dentro de sus áreas de competencia, así como otros 5.000 millones para los ayuntamientos.

En este sentido, señalan que ha habido «trabajos intensos» para poner en marcha una «arquitectura eficiente» para la ejecución del plan y «gracias a este esfuerzo sin precedentes el foco está ahora muy del lado de los gobiernos regionales para asegurar una gestión financiera sólida de los fondos de la UE y un impacto real sobre el terreno».

Calviño y Montero subrayan que «el diálogo y la cogobernanza han sido los principios rectores desde el primer día» y para ello se han organizado, entre otras, más de 130 conferencias sectoriales para reunir a ministros, consejeros autonómicos y representantes de los municipios

Por otro lado, recuerdan a Hohlmeier que el fondo de recuperación, al contrario que otros fondos comunitarios, tiene un enfoque de rendimientos y, en consecuencia, exige «el cumplimiento de hitos y objetivos vinculados a inversiones y reformas».

Y defienden que la agenda de reformas e inversiones se está desplegando «de acuerdo con los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas», así como que su ejecución «está sujeta a los más elevados estándares de auditoría y control, con nuevos sistemas tecnológicos».

La visita de la Comisión de Control Parlamentario del Parlamento Europeo se desarrollará entre el 20 y el 22 de febrero, tras la cual emitirá una serie de conclusiones que no son vinculantes de cara a futuros desembolsos, puesto que el análisis y aprobación corresponden a la Comisión Europea y los Estados miembros.