La presidenta de la JUR tendrá que testificar por el caso del Banco Popular el 27 de julio

La presidenta de la JUR tendrá que testificar por el caso del Banco Popular el 27 de julio

Deberá aclare unas manifestaciones realizadas en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad, que hicieron mucho daño a la cotización del valor en Bolsa
19 mayo, 2021
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Actualizado: 19 mayo, 2021 13:31
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar el próximo 27 de julio a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, como testigo en el caso que investiga a las dos últimas gestiones del Banco Popular.

En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 cree conveniente que König aclare unas manifestaciones realizadas en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.

Se refiere a la entrevista concedida a finales de mayo de 2017 a la cadena de televisión Bloomberg, en la que König admitía que el banco español «era uno de los casos que estamos viendo».

Una semana más tarde, la agencia Reuters publicó una exclusiva sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad, en la que fuentes comunitarias afirmaban que «uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa advirtió a los funcionarios de la Unión Europea de que el Popular podría tener que liquidarse» si no lograba encontrar un comprador.

El magistrado se remite a la normativa europea y recuerda que «la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste».

De ahí que sea necesario garantizar «que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de tal información, como el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación realizada en ese contexto.»

Las declaraciones de Elke König pudieron alentar la retirada de depósitos del banco y la caída de la cotización bursátil

Desde su punto de vista, las informaciones pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez del banco, alentando la retirada de depósitos de los clientes.

Por este motivo, cree que «resulta absolutamente necesario» que König comparezca y explique «qué le llevó a manifestar en un programa de televisión» tales consideraciones, que «parecen vulnerar el ‘parámetro de confidencialidad’ exigible por ley».

La presidenta de la JUR deberá aclarar, entre otras cuestiones, «cuándo y cómo se activó el proceso de resolución, quién lo conocía, si se activaron o no mecanismos de actuación temprana, el desarrollo del proceso de resolución, la relación con los gestores del Popular durante dicho proceso, y detalles y pormenores sobre el informe valorativo elaborado por Deloitte».

El titular del juzgado fundamenta su decisión en el hecho de que la JUR resolviera una entidad española «con unas consecuencias jurídicas y económicas de gran transcendencia para sus accionistas y resto de acreedores afectados, que perdieron íntegramente la totalidad de su inversión».

La citación se cursará directamente a la sede del organismo, en Bruselas, ya que «no se la cita como ciudadana de un Estado de la Unión Europea, sino como presidenta de una agencia de la que España forma parte».

Dominique Laboureix, exdirector de Planficación de la JUR llamado a declarar el 22 de julio

También está llamado a testificar el que fuera director de planificación del organismo y actual secretario general de la Autoridad de Control Prudencial y Resolución de Francia, Dominique Laboureix, el próximo 22 de julio.

Tal como explica el auto, Laboureix «gestionó directamente la resolución del Popular, entidad que entraba en el perímetro de sus competencias».

Además, tenía dentro de su ámbito de acción al Banco Santander, que tras la operación ordenada por la JUR y ejecutada en España por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el 7 de junio de 2017, se hizo con el Popular a precio de saldo.

Se espera que su testimonio esclarezca «cuestiones sustanciales» de este proceso, y que pueda proporcionar información sobre las «más que probables filtraciones a Reuters».

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

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