La sanidad pública, colapsada, y el Gobierno quiere subir a la privada el IVA al 21%

La presidenta de la patronal del seguro español, Unespa, Pilar González de Frutos, ha criticado hoy la posibilidad de que los seguros sanitarios privados sean gravados con un IVA del 21 %, pues añadiría más tensión a la sanidad pública, ya muy afectada por la pandemia del coronavirus.

En su intervención en la segunda jornada del XI Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, la presidenta de Unespa ha vuelto a pedir la colaboración público-privada para la prestación de los servicios de salud y también para el ahorro finalista que sirve para complementar la jubilación pública de los ciudadanos.

Sobre el seguro sanitario privado, González de Frutos ha explicado que esta imposición fiscal, que al parecer podrían incluir los próximos presupuestos generales del Estado, afectaría a unos 8,5 millones de españoles, generaría incertidumbre en el sector de la salud, estrecharía el mercado y reduciría las opciones.

Para evitarlo, ha abogado por una sanidad en la que se respete «la libertad de elección del individuo», que ponga en juego «todos los recursos que existen para atenderle» y en la que «lo importante sea que el ciudadano reciba lo que necesita» y no que lo reciba desde un activo público o uno privado.

«Antes de la pandemia ya teníamos listas de espera, ya teníamos cuellos de botella asistenciales, ya teníamos el reto de ser más eficientes en la atención de la salud de los ciudadanos» y la sanidad privada «puede colaborar a aliviar esa tensión», ha dicho.

Asimismo, sobre el ahorro privado para la jubilación, ha vuelto a pedir la implantación de un sistema reglado de ahorro-previsión, pues a pesar de las «tímidas aproximaciones» que ha hecho el Pacto de Toledo, lo cierto es que hoy en día «96 de cada 100 euros» que se van a pagar a quienes hayan generado el derecho a una pensión «los va a pagar el Estado».

«El sistema de pensiones no tiene pandemia, pero sí tiene un problema» demográfico, bien conocido desde hace ya muchos años, y que va a tener unas consecuencias «muy graves» sobre dicho sistema.

Por todo esto, «no querer introducir la colaboración público-privada en el ámbito de las pensiones equivale a condenarnos todos a no saber a ciencia cierta cuándo vamos a jubilarnos», ha advertido.

Para de Frutos, un sistema de jubilación «racional, suficiente y sostenible, pasa por la instrumentación de un pilar de capitalización, hoy inexistente, en el que participen las rentas bajas y los trabajadores menos cualificados».

También ha criticado la anunciada limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social, que a su juicio «carece de sentido en situaciones de crisis como la actual, en la que muchos trdabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio».

Asimismo, ha pedido que la normativa que regula los seguros y su contratación se flexibilice para incluir las nuevas demandas y coberturas de la sociedad del siglo XXI, así como los nuevos canales de contratación, como el móvil o internet.

Las demandas de la sociedad «van a ser muy complejas» y van a apuntar a las coberturas adaptadas al cliente, de provisión inmediata y de contratación fluida, algo que es posible gracias a la digitalización y a lo que la normativa debe adaptarse.