El Ministerio de la Seguridad Social ha autorizado a la Intervención General de la Seguridad Social a contratar servicios privados de auditoría ante la insuficiencia de medios para cumplir con los compromisos de supervisión de las mutuas.

Según publica este martes el BOE, la ley establece que la Intervención tiene que realizar anualmente una auditoría de las cuentas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aunque le permite recurrir a empresas privadas si no cuenta con medios suficientes.

Como ya ha ocurrido otros años, Seguridad Social ha publicado una orden ministerial en la que constata que la Intervención «carece de efectivos suficientes» para hacer frente a sus obligaciones en el plazo previsto, por lo que se hace necesario colaborar con empresas privadas.

Asimismo, autoriza a la Intervención a licitar, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, esos contratos que, además, pueden ser de más de un año de duración.