La subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis arrancará el día 9

El Colegio de Procuradores de Madrid iniciará a partir del 9 de noviembre la subasta extrajudicial de los activos de la inmobiliaria Reyal Urbis, que se vio abocada al concurso de acreedores en 2013 protagonizando entonces la segunda mayor quiebra de España con un pasivo superior a 4.660 millones de euros.

En una primera fase se procederá a la subasta de los activos inmobiliarios vinculados al préstamo sindicado que Reyal Urbis tenía con las entidades financieras, según han indicado el Consejo de Procuradores.

Posteriormente se podrán subastar los activos que no se hayan podido vender de forma directa. De hecho, se llevará a cabo una subasta paulatina y progresiva de los activos «conforme las circunstancias y condiciones del mercado lo aconsejen» a fin de maximizar la liquidación de Reyal Urbis.

Reyal Urbis cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificable, 214 viviendas en «stock» y 103.000 metros cuadrados de patrimonio en renta incluyendo hoteles.

Los administradores concursales, la consultora BDO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria encargaron, previa aprobación judicial, el proceso de subasta extrajudicial al Colegio de Procuradores de Madrid, efectuándose todo el proceso a través del Portal de Subastas del Consejo General de Procuradores de España.

Según los procuradores, este proceso avanza en la externalización de los procesos de ejecución en España que ya se llevan a cabo en otros países de nuestro entorno y que, de acuerdo con estos profesionales, permite más agilidad, eficiencia y transparencia para que los acreedores puedan recuperar la deuda en el menor tiempo posible.

Este mecanismo, agrega este colectivo, permitirá anticiparse a la depreciación de los activos inmobiliarios en un momento como el actual marcado por la pandemia de coronavirus y para el que se prevén recortes del precio de la vivienda de hasta el 12 % en los próximos meses.

REYAL URBIS, LA MÁS MOROSA DE HACIENDA

Reyal Urbis, la promotora liderada entonces por Rafael Santamaría, sigue encabezando la clasificación de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 343,5 millones de euros que, sin embargo, se ha reducido en 9,7 millones.

En marzo de 2013, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a la inmobiliaria, que entonces declaraba un déficit patrimonial de 1.724 millones.

Un mes antes y ante la negativa de la banca a refinanciar su deuda, Reyal Urbis presentó el concurso voluntario de acreedores, pasando a protagonizar la segunda mayor insolvencia de la historia de España, solo superada entonces por la de Martinsa-Fadesa, que arrastraba 7.200 millones de deuda.

Tras el rechazo de los acreedores a la propuesta de convenio presentada por la compañía, que solo fue apoyada por los titulares del 32 % del pasivo, el juez abrió en septiembre de 2017 la fase de liquidación de Reyal Urbis.