El nuevo paquete fiscal del Gobierno, aprobado por PSOE-Sumar y el resto de sus socios satélites, desde Bildu a ERC, sin olvidar a Podemos, y pasando por PNV y Junts, que no es otra cosa que una batería de impuestos que carga contra el contribuyente español, ya sea persona física o jurídica, al crear desde un impuesto permanente sobre los intereses y comisiones bancarias hasta el uso de los vapeadores, quedó publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se encuentra en vigor desde ayer domingo 22 de diciembre.
Este paquete fiscal, que fue aprobado definitivamente el pasado jueves en el pleno de Congreso de los Diputados, transpone una directiva europea por la que se garantiza que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.
Subida generalizada de la carga fiscal a personas y empresas
También crea un impuesto permanente sobre los intereses y comisiones bancarias, grava los vapeadores, sube la fiscalidad del tabaco, eleva dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y persigue el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
Además, modifica el impuesto de sociedades para compensar la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del PP y baja el impuesto de sociedades para las pymes que facturan menos de un millón de euros, entre otras medidas; e incluye la derogación del gravamen a las grandes empresas energéticas, tras el voto a favor de PP, Vox, Junts y PNV.
La energía, un bien de primera necesidad fuente de ingresos del Gobierno a base de impuestos y otros graámenes
No obstante, el Consejo de Ministros aprobará de nuevo el lunes vía real decreto este gravamen, a sabiendas de que en el Congreso no hay una mayoría para convalidarlo.
Por ahora, respecto a la energía, los cargos netos a financiar por los consumidores de electricidad en 2025 en el recibo de la luz ascenderán a 3.526,54 millones de euros, casi un 40% más, 993,8 millones de euros, que los 2.532,74 millones de 2024, después de que el Gobierno los redujera en 2021 para paliar en los consumidores los efectos de la guerra de Ucrania.
Los cargos forman junto con los peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la parte regulada de la factura eléctrica.
Con ellos, se financia la retribución de las renovables históricas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por el déficit de tarifa y el coste de los sistemas extrapeninsulares de las islas y los de Ceuta y Melilla. Es decir, que estos cargos no tienen nada que que con el consumo de electricidad de una familia o empresa. A estos cargos hay que sumarles el impuestos de producción de electricidad, que es del 7%, que el PSOE quiere mantener a toda costa, frente a la oposición del PP, VOX, Junts y PNV, y las dudas de ERC.
