La UE endurece las reglas ante la morosidad: más del 12% de interés de demora

La Comisión Europea (CE) ultima el reglamento para reformar la Directiva de morosidad de 2011, en donde se endurecerán las reglas para evitar la morosidad en las operaciones comerciales de las empresas y la Administración pública, aumentando el interés de demora hasta el 12%.

A su vez, otra de las novedades que introduce este nuevo reglamento es la limitación del pago de los plazos de la factura hasta 30 días. Así, el Estado podrá llegar a sancionar o multar a las personas que se pasen estos plazos, tras la recepción de la factura por el acreedor, tanto para las empresas deudoras como para la Administración pública.

A su vez, en el reglamento, la Unión Europea (UE) permitirá a cada país encarecer el límite de los plazos si así lo desean.

Los más afectados por este nuevo reglamento serán los pagos entre empresas, o entre compañías y la propia Administración Pública, cuando sea la Administración Pública la deudora.

También se obligará a pagar compensaciones a las compañías acreedoras por la morosidad

Por otro lado, quedan fuera de esta nueva normativa los consumidores. También se excluye de este reglamento los pagos por conceptos de indemnización por daños y perjuicios o los relativos a procesos de insolvencia o reestructuraciones de empresas. Si el deudor se pasa el plazo de los pagos, deberá pagar automáticamente el interés de demora, a no ser que este último no sea el responsable de esa demora.

En cuanto al tipo de interés que se le aplicará a los deudores en caso de pasarse del plazo, este será igual al tipo de referencia aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a las principales operaciones de refinanciación (actualmente se sitúa al 4,5%) más ocho puntos porcentuales, es decir, si se aplicara este porcentaje actualmente, el tipo de los intereses de demora sería del 12,5%.

Por último, en el reglamento también se incluye la obligación para los deudores de compensar a las compañías acreedoras los costes de cobro por el retraso de los pagos, marcando una cantidad fija de 50 euros por cada operación comercial.