Las comunidades siguen marcando enormes diferencias en la tributación: las socialistas, las más caras fiscalmente

El lugar de residencia del contribuyente, especialmente si está gobernado por el PSOE en solitario o en coalición con otros partidos, sigue marcando diferencias, en algunos casos de miles de euros, en la tributación de impuestos por parte de las comunidades autónomas, constata un año más el Consejo General de Economistas en su Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral presentado en Madrid.

El documento referido a 2020 confirma que la recaudación autonómica de impuestos parcialmente cedidos -como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales- ha seguido aumentando, mientras han bajado los cedidos totalmente, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Estos tributos, unidos a los 70 impuestos autonómicos, conforman una auténtica «jungla inexplorable», en palabras del presidente del Consejo, Valentín Pich, a la que el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) procura dar luz con este informe anual donde se reflejan las novedades tributarias y diferencias impositivas según territorios.

El análisis incluye por vez primera el estudio de la tributación de los territorios forales del País Vasco y Navarra y así evalúa aquellos aspectos en los que sus residentes salen más o menos beneficiados respecto a los que viven en comunidades del Régimen Común, considerando «relativamente atractiva» su tributación.

Para hacer ver las diferencias más notables, la REAF propone unos ejemplos comparativos entre comunidades y también dentro de algunas de ellas por la modificación de tipos que han abordado en el último año.

Así se puede apreciar, por ejemplo, cómo un contribuyente de Canarias, -que desde las últimas elecciones está gobernada por PSOE Canarias, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)- soltero, que hubiera heredado bienes por 800.000 euros en 2019, habría pagado 134 euros por sucesiones mientras que ahora pagaría 31.614 euros más por la subida del gravamen.

Del mismo modo, un heredero de la Rioja -gobernada por PSOE, Podemos e Izquierda- que abonaría 3.175 euros el año pasado tendría ahora que abonar 29.166 euros más; y en sentido contrario, un ciudadano de Galicia pasaría de 15.040 euros a no pagar ahora ni un solo euro, al quedar en cero euros este impuesto, como en Andalucía o Cantabria.

Este es uno de los impuestos con mayores diferencias, que comprenden desde una cuota líquida de 103.135 euros para el mismo ejemplo de heredero soltero de 30 años que vive en Asturias (PSOE, Podemos e IU), o los 81.018 si es residente en Castilla y León (PP y Ciudadanos), al tipo cero en caso de que sea andaluz (PP, Ciudadanos, VOX), cántabro (PRC) o gallego (PP).

Para el mismo caso hipotético persisten estas enormes distancias si se trata del impuesto de donaciones.

En la parte alta pagaría 200.122 euros si el contribuyente vive en Castilla y León (PP) o Extremadura (PSOE), 177.706 si es residen en Aragón (PSOE, Podemos, PAR y Chunta) 176.700 euros en Asturias (PSOE, Podemos, IU) y 171.012 en la Comunidad Valenciana (PSOE y Compromís).

En la franja mínima, el impuesto sería de cero euros para un residente en Cantabria (PRC) y de unos 2.000 euros si vive en Madrid (PP, Ciudadanos y VOX), Murcia (PP, Ciudadanos y VOX) o Andalucía (PP, Ciudadanos y VOX).

Además, la comparativa de donaciones muestra el ejemplo de un hijo al que su padre dona 800.000 euros en metálico y que hace un año habría pagado 200 euros en Canarias (PSOE Canarias, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), ahora tendría que aportar 86.928 euros más, en tanto que al riojano que contribuía con 4.002 euros en 2019 y ahora le correspondería pagar 47.028 euros más.

No consideran los técnicos de la REAF que estos cambios deriven necesariamente en traslados de domicilio, incluso ficticios, muy perseguidos por las Comunidades y difíciles de materializar, en palabras de su presidente, Jesús Sanmartín.

El panorama descrito señala que las comunidades autónomas han utilizado mucho su capacidad normativa en el caso del IRPF, la mayoría para subir la tarifa; los mínimos apenas se han tocado y para subirlos, y las deducciones incorporadas son de poca cuantía, para mejorar la natalidad, ayudar a jóvenes y personas discapacitadas o combatir la despoblación rural.

Los impuestos propios de las comunidades, de los que hay 70 en vigor, suponen solo el 2,1 por ciento de sus ingresos tributarios, calculados en 2.364 millones de euros, y la mayor parte, un 69,2 por ciento, están relacionados con la protección del medio ambiente.

La repercusión sobre el total es mínima en el caso de los referidos a emisión de gases y la mayoría corresponde al agua, un 97,9 por ciento de los de Andalucía, un 98,5 por ciento de los de Cantabria y un 93 por ciento de lo recaudado en Murcia y la Comunidad Valenciana.

Valentín Pich ha pedido una mayor ordenación en los impuestos de tipo medioambiental, incluso con su delimitación estatal para su posterior cesión a las comunidades.

Del mismo modo se plantea un patrón común para los tributos que gravan el mismo objeto imponible y evaluar la relación entre coste y beneficio, porque puede ocurrir que su gestión sea más onerosa que la recaudación obtenida.

El presidente del Consejo General de Economistas insiste en que es «imprescindible» un nuevo sistema de financiación autonómica que revise qué impuestos se mantienen y remarca el carácter extemporáneo de algunos como Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados.