Linde, ante el juez para testificar sobre la ampliación de capital y la difusión de falsas noticias sobre el Banco Popular

El exgobernador del Banco de España Luis María Linde declarará este miércoles en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, encabezados por los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Linde, que estuvo al frente del organismo supervisor entre junio de 2012 y mayo de 2018, responderá a las preguntas del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de las partes, en un interrogatorio que se prevé más extenso que el de la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez.

A diferencia de Rodríguez, el exgobernador estuvo presente en las dos etapas investigadas, objeto de sendas piezas separadas, la primera sobre la ampliación de capital por importe de 2.500 millones que acometió la entidad en la primavera de 2016, aún con Ron como presidente, y la segunda, ya con Saracho, por un supuesto delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización y obtener beneficios.

Previa a su declaración en la Audiencia Nacional, Linde compareció, en abril de 2018, en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, donde aseguró que si el Popular no hubiera sido comprado por un banco «potente» como fue el Santander, el resultado hubiera sido «catastrófico» para España y para la economía.

«Dentro de que fue una resolución, la solución que se encontró fue la menos mala. No quiero decir que fuera la mejor», aseveró ante los diputados a los que explicó que la operación, ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias de Europa el 7 de junio de 2017, fue «favorable».

En este sentido, insistió en que si no hubiese habido un comprador, la entidad hubiera sido liquidada, lo que habría acarreado pérdidas tanto a los acreedores como a los depositantes.

También se refirió a los problemas que arrastraba el Popular en los días previos a la resolución, y afirmó que el Banco de España le concedió toda la liquidez de emergencia que podía dar en función de las garantías que aportó la entidad.

A este respecto, Linde relató cómo la institución atendió dos peticiones de liquidez de emergencia por parte del Popular, el 5 y 6 de junio, y que, para poder aprobarlas, tuvieron que pedir garantías al banco, lo que no fue un «capricho» del regulador, sino que obedecía a una obligación impuesta por la normativa europea.

Pese a ello, reconoció que no se pudo conceder toda la ayuda que solicitaba el equipo de Saracho al no haberse presentado los avales necesarios, y que una vez que se decretó que el Popular estaba en quiebra o próximo a la quiebra, la única función del Banco de España era decidir si el Santander era lo «bastante sólido, potente y capaz» para hacerse con la entidad.