Llega el turno de Pedro Larena, el artífice del plan del Popular que nunca se ejecutó, ante la AN

El ex consejero delegado del Banco Popular Pedro Larena, artífice del plan con el que la entidad pretendía captar unos 3.000 millones de capital poco antes de su caída, declara este miércoles ante la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades de los últimos años del grupo.

Durante esta primera ronda de declaraciones ante el juez José Luis Calama no han faltado las alusiones a Larena, mano derecha del expresidente Ángel Ron, aunque también estuvo presente durante buena parte de los 108 días de mandato de su sucesor, Emilio Saracho, hasta que comunicó su dimisión en la primavera de 2017.

Según las actas a las que ha tenido acceso Efe, su salida, que supuso el nombramiento de Ignacio Sánchez-Asiaín como consejero delegado, se trató en el consejo de administración del 10 de abril de 2017, en el que también se aprobó un plan de capitalización con el que el Popular conseguiría en torno a 3.000 millones vía desinversiones, una estrategia que nunca se ejecutó.

El plan contemplaba entre otras medidas para mejorar el capital la venta de la filial del Popular en Estados Unidos, Totalbank, así como el negocio de Wizink, la división de banca privada o las participaciones en Targobank o Allianz.

Menos de dos meses después de que tuviera lugar el consejo, el 7 de junio de ese año, el banco fue objeto de un proceso de resolución bancaria que conllevó su venta al Santander al precio de un euro.

«Alternativamente», puntualiza el texto, «existe la posibilidad de poder ampliar capital o vender el banco a un tercero», en línea con lo que manifestó el entonces presidente de la entidad, Emilio Saracho, en la junta de accionistas que tuvo lugar ese mismo día, el 10 de abril.

El plan, que no cuantificaba en euros el impacto total de las desinversiones, sí incluía un cálculo en puntos básicos del capital que genera cada partida, estimado en unos 3.000 millones de euros, y desglosaba cada una de las participaciones de las que quería desprenderse el Popular.

El escrito fue expuesto ante el consejo por su entonces secretario general técnico, Miguel Ángel Moral, minutos antes de que se aprobara la dimisión de Larena, según figura en el acta de esa reunión.

Un hecho que destacan fuentes cercanas a Saracho, que explican que el cambio de consejero delegado fue lo que motivó que el plan no se presentara entonces al Banco Central Europeo (BCE), y es que Sánchez-Asiaín solicitó retrasarlo, al menos un mes, para poder adecuarlo a las crecientes necesidades que estaba experimentando la entidad.

Las mismas fuentes apuntan que finalmente esta hoja de ruta fue aprobada y remitida al BCE en mayo, y en ella se incluían no sólo las medidas analizadas en el anterior consejo sino también una ampliación de capital de 4.050 millones de euros, estimación que el equipo de Saracho había realizado sobre las necesidades de capital del banco una vez avanzado el proceso de retasaciones.

Ya en abril, el que fuera presidente del Popular aseguró ante los accionistas que merecía la pena «luchar por el banco», y admitió que estaba «abocado a hacer una nueva ampliación de capital», una de las opciones que se barajaban para asegurar su viabilidad, junto con una posible venta o fusión.

De este modo respondía a las necesidades de capital, que por entonces superarían los 5.000 millones de euros tras la reexpresión de las cuentas del 2016, ejercicio en el que el presidente era aún Ángel Ron y en el que las pérdidas alcanzaron los 3.611 millones.

Más de un año después, con el Popular en manos del Santander, Saracho explicó en el Congreso de los Diputados que peleó «a muerte» para evitar la desaparición de la entidad, aunque reconoció que no había forma de vender un banco cuyo valor era negativo «en el mundo de los vivos» y que la solución adoptada evitó «un desastre bíblico».