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La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño (d) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras un Consejo de Ministros. EFE

Llegan las tasas Tobin y Google, que pagarán los consumidores, provocarán deslocalización y más aranceles de EE.UU.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasas Tobin y Google. En ambos casos, serán impuestos que terminarán asumiendo los consumidores, además de una deslocalización de empresas y más aranceles a los productos españoles por parte de Estados Unidos.

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Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles del 25 % sobre las importaciones europeas si se pone en marcha una tasa a grandes empresas de servicios digitales.

En el mes de enero, Francia congeló su tasa digital para intentar llegar a un acuerdo al respecto con los Estados Unidos después de que este país anunciara aranceles por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.160 millones de euros) sobre productos franceses. España, sin embargo, va por libre y sigue adelante.

Así, el Gobierno prevé aprobar este martes el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, que gravará algunas operaciones realizadas por las grandes multinacionales tecnológicas que en la actualidad no tributan.

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Este proyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero del pasado año, aunque no llegó a tramitarse por la convocatoria electoral. Estas son algunas claves del impuesto tal y como estaba diseñado entonces y que previsiblemente no sufrirá cambios significativos.

– Se establece un tipo del 3 % a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

– Afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones.

– Está exento el comercio electrónico que implica la venta de bienes o servicios contratados directamente al proveedor, sin intermediario.

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– Se liquidará trimestralmente y el devengo se producirá por cada prestación de servicios sujeta al impuesto.

– El Gobierno espera recaudar 1.200 millones anuales.

– La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en aquel momento la recaudación a una horquilla de entre 546 y 968 millones.

– Se prevén sanciones de hasta el 0,5 % del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otras pruebas.

– La OCDE llegó en enero a un acuerdo para negociar un futuro impuesto que permita gravar a las multinacionales donde se encuentran sus clientes, aunque no tengan presencia física.

– La Comisión Europea (CE) trabaja en un impuesto de estas características para todos los países miembros, con el objeto de tener una fiscalidad común respecto a la economía digital.

– La CE calcula que este impuesto común podría recaudar 6.000 millones anules para la UE.

Transacciones financieras

El Gobierno prevé aprobar este martes también el proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que espera recaudar 850 millones de euros, y que se encuentra en vía muerta en el resto de la Unión Europea.

Este proyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2019, pero su tramitación decayó por la convocatoria de elecciones generales. Estas son algunas claves del texto de la ley tal y como se aprobó entonces y que previsiblemente apenas sufrirá modificaciones.

– El impuesto gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

– El Ministerio de Hacienda publicará anualmente, antes del 31 de diciembre, la relación de empresas cuyas acciones están sujetas al impuesto cada año y que serán las que superen los 1.000 millones de capitalización a 1 de diciembre del año anterior.

– El intermediario financiero será el encargado de liquidar el impuesto, con independencia de si actúa por cuenta propia o de terceros y sin tener en cuenta la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

– La base imponible del impuesto es el importe de la contraprestación, sin incluir otros gastos asociados.

– No estarán sujetas al impuesto las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal.

– El Gobierno espera recaudar 850 millones de euros al año con este impuesto.

– Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en su momento la estimación de recaudación a una horquilla de entre 420 y 850 millones.

– El impuesto entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE.

– El Gobierno prevé dedicar la recaudación de este impuesto a financiar las pensiones, aunque las previsiones más optimistas del Gobierno de 850 millones no equivalen ni siquiera al 10% del coste mensual de las pensiones que se acerca a los 10.000 millones de euros.