Los asesores fiscales denuncian la subida encubierta de impuestos en los Presupuestos de 2021

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado que la inclusión en el proyecto de ley contra el fraude fiscal de una reforma por la que el valor que establezca el Catastro se convertirá en la base imponible de los tributos patrimoniales supondrá una subida efectiva de estos impuestos.

La presidenta de Aedaf, Stella Raventós, ha señalado en rueda de prensa que esta medida implicará una subida de la presión fiscal «en un momento que no parece conveniente», teniendo en cuenta que la crisis ha devaluado muchos inmuebles como los locales comerciales.

«El nuevo concepto de valor de referencia de mercado introduce por la puerta de atrás sensibles subidas tributarias en los impuestos del patrimonio, trasmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones, trasladando al Catastro un protagonismo que a día de hoy no le correspondía», ha afirmado el responsable de estudios e investigación de Aedaf, Javier Gómez Taboada.

«Es evidente que al final intentarán ir a un valor más alto que el valor catastral, probablemente más bajo que el de mercado tomado por las últimas transacciones, pero por encima del actual valor catastral que está en torno al 50 % del valor del mercado», ha indicado el responsable de asuntos económicos de Aedaf, Eduardo Gracia.

El Gobierno explicó cuando aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros que este nuevo sistema de valoración se adoptaba para hacer frente a la elevada litigiosidad existente en la valoración de los inmuebles afectados por el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones y donaciones.

Gracia no cree que vaya a ser así y piensa que la litigiosidad se trasladará al Catastro, ya que los contribuyentes en desacuerdo impugnarán sus valoraciones como antes hacían con las de la Administración.

A juicio de Aedaf, este es solo uno de los asuntos que se han colado en «la mal llamada» ley de lucha contra el fraude fiscal, en la que consideran que el Gobierno se reafirma en prácticas que desde el poder judicial se le han reprochado e introduce cambios que generan inseguridad jurídica.

Como ejemplo de esto último, Gracia ha puesto la ampliación de 3 a 6 meses del periodo para abrir un proceso sancionador una vez que se ha liquidado un acta a un contribuyente.

Preguntados por la posibilidad de que en el trámite parlamentario se pudiera regular el registro domiciliario ante sospecha de delito fiscal tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que lo cuestiona, la presidenta de Aedaf ha considerado que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental recogido en la Constitución que solo debería modificarse mediante ley orgánica.